Reclaman destinar el 2% del PIB a los servicios a las personas ante el "tsunami demográfico"
BARCELONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -
Doce patronales, sindicatos, entidades sociales y colegios profesionales del sector social y de atención a las personas de Catalunya se han unido para reclamar al Govern más recursos en los Presupuestos de 2020 para revertir urgentemente la "infrafinanciación crónica" que sufren desde hace más de diez años, en una mesa unitaria que ha hecho público este lunes un manifiesto.
Reclaman un 2% del PIB frente al 0,5% que se destina actualmente al sector, que integra servicios como los de dependencia, personas mayores, infancia, comedores escolares, discapacidad y salud mental, entre otros: "Esto ya no tiene espera, es urgente", ha afirmado la secretaria de Políticas Sociales de UGT, Enriqueta Durán, en rueda de prensa.
Alertan de que cada vez tienen que atender a más personas, y que ni siquiera se ven recuperados de los recortes de la crisis de 2008: "En el caso de la gente mayor, viene un tsunami demográfico muy grande, y estamos advirtiendo a la administración de que no hay recursos suficientes para atenderlo", según la presidenta de la Associació Catalana de Recursos Assistencials (Acra), Cinta Pasqual.
El manifiesto reclama asegurar la cobertura de lo que son derechos sociales, así como la calidad de la atención, la sostenibilidad de los servicios y la mejora de las condiciones laborales de los profesionales, que alertan que se han visto afectados por la falta de recursos, en un sector en el que el 75% de los trabajadores son mujeres.
També ve necesario una revisión a fondo del modelo actual para "avanzar en una cartera de servicios sociales y de atención a las personas innovadora" que se adapte a la realidad cambiante, así como asegurar la calidad y la transparencia en la gestión de los servicios públicos, y que se cumpla el Código de buenas prácticas de contratación pública en el sector que firmaron en 2015.
Apuestan por la equiparación de condiciones laborales de todos los profesionales, independientemente de que los servicios tengan gestión directa pública o externalizada a entidades o empresas, como la que tiene el Sistema sanitario de utilización pública (Siscat): "Una gerocultora de un centro público cobra unos 600 euros más que una en una entidad de gestión delegada" al mes, ha criticado Durán.
La mesa ha concluido que una correcta inversión en el sistema de servicios a las personas revertirá en la mejora de las condiciones laborales, "posibilitando alcanzar en las mesas de negociación colectiva el objetivo compartido de no tener ningún salario por debajo de los 14.000 euros" anuales, dice el texto.
FIRMANTES
Firman el manifiesto la Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura (Acellec), Associació Catalana de Recursos Assistencials (Acra), Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (Asade), CC.OO., UGT, La Confederació del Tercer Sector Social, la Taula del Tercer Sector Social, La Unió - Associació d'Entitats Sanitries i Socials, y la Unió de Petites i Mitjanes Residncies (Upimir).
También lo subscriben el Colegio de Educadores Sociales de Catalunya (Ceesc), el de Trabajo Social de Catalunya (Tscat), el de Pedagogos de Catalunya (Copec), en una mesa unitaria que los integrantes han reconocido que "no es habitual", y que para el secretario de Política Social de CC.OO., Toni Mora, debería avanzar en dar al sector social la importancia que se da a los de educación y salud.
El presidente de La Confederació, Joan Segarra, ha destacado que además de un incremento de recursos, que aceptan que sea gradual, piden al Govern un plan de trabajo y una agenda, y esperan que éste les proponga una reunión, después de que han enviado estas peticiones en una carta al conseller de Economía, Pere Aragons, y al de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir el Homrani.
En los próximos días harán llegar la misiva a los grupos parlamentarios para exponerles sus peticiones, que no han concretado en cifras totales de inversión porque trabajan por ámbitos, al estar a la espera de revisiones de los módulos de algunos, y de firmas de convenios colectivos.
Segarra ha observado que la congelación actual de módulos "preocupa" en sectores como el de atención a la infancia vulnerable, que ha visto un incremento de demanda sin que se haya correspondido en ingresos proporcionales, y en comedores sociales, que reciben el mismo precio por alumno que hace más de diez años, aunque el coste ha aumentado.
Pasqual (Acra) ha urgido a la Generalitat a abordar estas demandas en los Presupuestos y en el Plan estratégico de servicios sociales en los que trabaja actualmente, y ha reflexionado sobre que o que, si con una mesa de estas características y esta unidad del sector, no se aumentan los recursos, significará que hay "un problema de fondo".
LEY ARAGONS
Preguntados por su opinión sobre el Proyecto de ley de contratos de servicios a las personas que prepara la Generalitat (conocido como 'Ley Aragons'), han dicho que tienen opiniones diversas, y mientras desde Acra ven bien que haga que la calidad pase por delante del precio en la contratación, desde Asade consideran que no se debería discriminar por tipo de entidad.
El representante de CC.OO. ha considerado que el Ejecutivo catalán, como "progresista, se tendrían que replantear" algunos aspectos, y ha visto necesario más control de la administración en algunos servicios, mientras que desde La Confederació, ha pedido que se garanticen las buenas condiciones.
