BARCELONA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia de Barcelona juzgará este jueves al ex alcalde de Sitges Pere Junyent y al ex concejal de Urbanismo Lluís Marcé por un delito contra los recursos naturales, al haber permitido un vertedero ilegal en un espacio natural protegido. La Fiscalía pide seis años y un día de cárcel para cada uno.
Según el escrito de la Fiscalía, en 1973 el Ayuntamiento constituyó un vertedero ilegal de residuos sólidos procedentes del municipio, sin que a lo largo de toda su gestión se dispusiera de licencia ni de ninguna medida de seguridad y control para evitar la contaminación y afección medioambiental y el grave riesgo de incendio forestal.
En 1993 el Ayuntamiento contrató a una empresa para recoger los residuos del municipio y transportarlos al vertedero.
En 1995, los dos acusados accedieron a sus respectivos cargos, siendo responsables de la gestión ilegal del vertedero y teniendo "pleno conocimiento" de la situación. Un año más tarde, el alcalde prorrogó el contrato con la empresa de recogida de residuos hasta 2006.
Pese a que, en febrero de 1997, el propio Junyent firmó un acuerdo comprometiéndose a cerrar el vertedero inmediatamente, no se hizo nada para clausurarlo y restaurar la zona afectada.
Estos hechos provocaron que a principios de 1999, tanto la Guardería Forestal del Sevei de Parcs i Jardins como los Agentes Rurales de la Generalitat, denunciaran a los acusados, comunicándoles los hechos denunciados y pidiéndoles de nuevo la clausura del vertedero.
Esta última denuncia dio lugar a un expediente sancionador de la Conselleria de Agricultura, que les impuso una multa de 100.000 pesetas por falta de medidas de prevención de incendios forestales.
Poco después el grupo municipal de ICV denunció los hechos ante la Fiscalía de Medio Ambiente. Se pudo comprobar que en junio de 1999 el vertedero continuaba funcionando y que los residuos no se habían retirado del lugar, hecho que afectaba gravemente a la vegetación autóctona del Parc del Garraf.
A finales del 2001 la policía judicial comprobó que ya no se realizaban vertidos pero los residuos continuaban en el terreno sin que se hubiera adoptado ninguna medida para retirarlos.
Además de la pena de prisión, los acusados se enfrentan a una multa de 72.000 euros y a cinco años de inhabilitación especial para el ejercicio de funciones públicas. Además el fiscal solicita que se ordene la clausura definitiva del vertedero y la inmediata retirada de los residuos depositados, todo ello a cargo de los acusados.
