La Fiscalía le acusa a él y a otros seis hombres de fabricar falsificados y su defensa pide absolución
BARCELONA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona, Mamaru Lamine Sarr, ha negado este jueves que formara parte de una supuesta organización dedicada a la venta ambulante de falsificaciones o que tuviera jefes: "Yo trabajo por mi cuenta".
En el juicio que ha quedado visto para sentencia en la Sección Sexta de la Audiencia de Barcelona, contra él y otros seis hombres por presuntos delitos contra la propiedad industrial por falsificaciones de ropa y por apropiación indebida, Lamine Sarr también ha negado que vendiera a otros vendedores ambulantes, y ha explicado que compraba en Badalona (Barcelona) la mercancía que él mismo vendía --gafas y camisetas-- en la calle.
Ha asegurado que las camisetas que adquiría ya tenían la marca puesta y que no sabe nada sobre los vinilos y chapas de logotipos de marcas que la policía halló en un domicilio en la calle Calabria de Barcelona, donde vivía con el resto de acusados.
En una línea similar, otros acusados han ratificado que compraban la mercancía en Badalona y que la vendían en la calle a los transeúntes, que no estaban organizados ni había jefes, sino que cada uno adquiría lo que quería vender después, y uno de ellos, Abdoulaye S., ha asegurado que en 2016, antes del registro en su casa, hubo agentes que les amenazaron diciéndoles "ya veréis".
Maguette S. también ha indicado que la mercancía que compraban ya llevaba los logotipos incorporados pero que tenían las chapas de logotipos o los vinilos porque a veces se despegaban y los tenían que arreglar.
FISCALÍA PIDE EXPULSIÓN DEL PORTAVOZ
La fiscal ha insistido, tras la declaración de los siete acusados, en que no realizaban venta al por menor, sino que se dedicaban a vender al por mayor a raíz de la cantidad de objetos que en julio de 2016 la policía halló en su casa: centenares de bolsos, zapatillas, equipaciones de fútbol y gafas de sol de marcas conocidas que presuntamente causaron un perjuicio a las sociedades de 415.236,84 euros.
Además, ha considerado que fabricaban las falsificaciones porque tenían "logotipos que se ponen en la mercancía para terminar el proceso productivo" y ha destacado que uno de los acusados ha reconocido que se les caía el logotipo y lo reparaban.
"Estamos en este caso en el último eslabón de fabricación", ha argumentado la representante del ministerio público, que ha resaltado que los peritos policiales dijeron que tenían que comparar los objetos intervenidos con los originales por la calidad de la falsificación.
Ha concluido que fabricaban y distribuían falsificaciones, que vivían en la misma vivienda y actuaban de forma conjunta y organizada, por lo que ha mantenido su petición de penas: entre tres y cinco años de cárcel para los acusados, y para tres --entre ellos Lamine Sarr-- solicita acordar la sustitución de la pena de prisión por la expulsión de territorio español por el tiempo de siete años.
Las dos acusaciones particulares también han solicitado sentencias condenatorias, y una de ellas ha asegurado que se puede considerar a los acusados una organización criminal, ya que supuestamente tenían roles entre ellos con una jerarquía y eran un grupo de más de dos personas estable y con permanencia en el tiempo.
VENDÍAN PARA "SUBSISTIR"
Las defensas han pedido la absolución de los acusados por falta de pruebas y la abogada de cinco de ellos ha rebatido que en la inmensa mayoría del material intervenido por la policía no se le podía incorporar ningún logotipo, por lo que ha dicho que no eran "fabricables" por ellos, como sostienen las acusaciones.
Además, ha recordado que los acusados han declarado que se dedican a la venta ambulante cuando no tienen trabajo, por lo que "venden para subsistir", pero que no están organizados para delinquir.
Ha señalado que "en la casa no se encontró ningún material apto para fabricar ni incorporar de forma inseparable" los logotipos a los artículos y que los acusados son personas constantemente vigiladas por la Guardia Urbana de Barcelona y la policía portuaria, a las que se les están imputando delitos que no han cometido, según ella.
La letrada ha manifestado que todas las pruebas de la causa indican que son vendedores ambulantes pero no que fabricaran y distribuyeran los productos al por mayor, ya que lo que tenían en su casa "no les da para vender más de 10 días".
