Se han denegado el 70% de las peticiones, y en 4.000 casos se ha requerido más información
BARCELONA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -
El secretario general de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Josep Ginesta, ha cifrado en 1.000 los expedientes de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) que se han aprobado desde su entrada en vigor en septiembre del año pasado, y que pueden llegar a hasta 4.000 beneficiarios porque los casos con cargas familiares son un "volumen importante".
En una entrevista de Europa Press este miércoles, Ginesta ha explicado que se han denegado el 70% de los 31.000 expedientes que se han tramitado hasta ahora, y que en unos días se habilitará un formulario de reclamación administrativa en la web.
Sobre la petición de que se revisen los casos de denegaciones que llevó al Parlament este martes la Comisión Promotora de la ILP, junto a medio centenar de entidades y partidos, ha respondido que se hará en "todos" los casos que se solicite, conscientes de que es una prestación de suelo social, y ha admitido que la ley incluye esta posibilidad de recorrer y analizar.
En total, se han interesado en hacer la solicitud un total de 90.000 personas, de las que 61.000 han realizado una solicitud y 10.500 tienen la cita agendada actualmente: "El 85% de las oficinas agendan las citas previas a menos de cuatro semanas", por lo que ha considerado estable la entrada de peticiones después del grueso inicial.
De las 61.000 peticiones, 30.000 casos no acabaron en solicitud formal porque antes de finalizar la entrevista se detectó que la persona no reunía los requisitos y desistió, y han acabado tramitándose 31.000 expedientes.
Entre éstos, hay actualmente 12.000 pendientes de valoración --posteriores a enero-- y 19.000 valorados, entre los que figuran las 1.000 solicitudes aprobadas, y cerca de 4.000 casos de requerimientos de información --que no se han cerrado todavía--.
Sobre el 70% de los casos denegado, la mayoría son por no cumplir los requisitos de carencia de ingresos --por tener ingresos en los últimos seis meses, por ejemplo--, ante lo que ha reflexionado que, "si en el mercado se consolida la idea del trabajo esporádico", tendrán que valorar si hacerla compatible con empleos, lo que no puede abordarse hasta que haya Govern y se tengan competencias.
"La gran entrada inicial de solicitudes están resueltas, estamos dentro del plazo de resolución que prevé la ley", ha remarcado Ginesta, y ha asegurado que están en constante comunicación con entidades, y que éstas les hacen llegar algún caso excepcional de solicitudes que no han llegado con la información adecuada y que pueden reconducirse revisándose.
107.000 BENEFICIARIOS POTENCIALES
Ha detallado que desde septiembre, esta prestación mejora las condiciones de hasta 107.000 personas, ya que los que percibían la Renta Mínima de Inserción (RMI) y pasaron a cobrarla, pasando de una prestación media de 544 a 734 euros, y también se han beneficiado algunos pensionistas no contributivos.
"Vamos sumando gente, en lugar de restar", ha dicho en referencia al descenso en el número de beneficiarios que experimentó la RMI (conocida como Pirmi) con la mejora de la coyuntura económica, pasando de 30.000 expedientes en enero de 2016 a 26.000 en septiembre de 2017.
CUANDO SE FORME GOVERN
Ginesta ha incluido los requerimientos de información en los casos que se generan, en parte, por tratarse de una prestación nueva: "Se va construyendo la praxis administrativa en función de que vemos los supuestos, y los podremos resolver cuando tengamos reglamento", para lo que necesitan que se pueda constituir formalmente la comisión de trabajo, cuando haya Govern.
Ésta elaborará el reglamento y se plantearán mejoras para la prestación y aspectos como mejorar la información en las denegaciones y concretar que queden "protegidos" determinados colectivos, como los de personas que están en recursos residenciales, y ha añadido que se plantearán qué compatibilidades tiene que haber con otras prestaciones, como uno de los retos que se planteó cuando se creó la Agencia catalana de la protección social.
"Tener Govern es muy necesario para la RGC", ya que aunque el 155 quizás causó alguna afectación meses atrás, lo que está afectando a la gestión desde las elecciones de diciembre es el hecho de ser jurídicamente un Govern en funciones, lo que limita la gestión.
