Asval pedirá al Gobierno y partidos un recurso de casación ante el TC si el Parlament la aprueba
BARCELONA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -
El sector inmobiliario ha rechazado la ley catalana de regulación del precio de los alquileres, que se prevé que se vote esta semana en el Parlament, al considerarla inconstitucional y porque asegura que dificultará el acceso a la vivienda, especialmente de los colectivos más vulnerables.
La Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) ha afirmado en un comunicado que la normativa "vulnera la Constitución española, atenta contra el derecho a la propiedad privada y fomentará la economía sumergida en el mercado del alquiler en Catalunya".
Asval ha defendido que su aplicación generaría enormes desequilibrios en el mercado del alquiler en Catalunya y "ahuyentaría la inversión necesaria para desarrollar un sector profesionalizado ante la falta de seguridad jurídica", ha informado en un comunicado este lunes.
Así, advierte de que el desarrollo del mercado inmobiliario catalán puede verse "seriamente perjudicado", al provocar que el interés de los inversores se traslade a otras comunidades.
Además, afirma que esta ley incentivaría la economía sumergida, ya que muchos propietarios podrían verse tentados a compensar ilegalmente la diferencia entre el precio regulado y el de mercado.
"Esto generaría graves consecuencias para los inquilinos, la salud de la economía catalana, sus ingresos fiscales y para el grueso de los propietarios, ya que la mayoría actúa conforme a la ley", ha aseverado.
Ha avanzado que los colectivos vulnerables, las rentas más bajas y los jóvenes serán los más perjudicados, ya que asegura que el control de precios produce una reducción de la oferta, lo que dificulta el acceso, y el propietario se decantará por inquilinos con mayor solvencia.
Además, ha apuntado que en Catalunya el 'stock' de vivienda social es "bajo y notablemente insuficiente" para cubrir el aumento de la demanda esperado.
Por todo ello, Asval ha apelado a las fuerzas políticas que apoyan esta norma en el Parlament a reflexionar sobre sus efectos negativos y retirar el proyecto "al ser contrario al derecho de propiedad reconocido en la Constitución".
En este sentido, ha recordado que el Consell de Garanties Estatutries (CGE) emitió en agosto su dictamen sobre esta ley, presentada por JxCat, ERC, los comuns y la CUP, y advirtió de que varios de los artículos de la iniciativa incumplen la Constitución y el Estatut.
Si la proposición de ley catalana se aprobara, la asociación ha asegurado que solicitará al Gobierno y a los partidos políticos con representación suficiente en el Congreso que impulsen un recurso de casación ante el Tribunal Constitucional.
"Apelamos al Govern para que reflexione y rectifique sobre esta medida, y solicitamos al Gobierno y al resto de partidos que tomen las medidas necesarias para evitar la puesta en marcha de esta ley que atenta contra la Constitución, el Estatut y que genera graves perjuicios al mercado inmobiliario", ha afirmado la directora general de Asval, Beatriz Toribio.
AUMENTAR OFERTA Y REFORZAR SEGURIDAD JURÍDICA
Así, ha apostado por que la "mejor alternativa" a esta regulación pasa por aumentar la oferta de vivienda alquiler, especialmente asequible y social, reforzar la seguridad jurídica y favorecer la colaboración público-privada.
Asval ha planteado medidas que incentiven la oferta de vivienda en régimen de arrendamiento, como desarrollar un parque de vivienda en alquiler a precios por debajo de mercado para aquellas rentas más bajas, así como para jóvenes que buscan emanciparse.
"El sector y la Administración deberán idear fórmulas de colaboración público-privada para desarrollar el parque de vivienda asequible que necesita nuestro país, así como una política de ayudas públicas para aquellos colectivos más vulnerables", ha insistido.
También ha reclamado un marco regulatorio "estable y transparente" que genere seguridad jurídica para el desarrollo del sector, así como una política de vivienda social pública, ya que ha indicado que en los últimos diez años España ha destinado un 0,05% de su PIB a políticas de vivienda, provocando una escasez de viviendas sociales, cuyo 'stock' es de un 1,5% frente al 15% de media en la Unión Europea.
En la misma línea se han expresado en un comunicado conjunto el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida, el Consejo Catalán de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Catalunya, la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya, la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Catalunya (APCE) y la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona-Lleida.
Todos ellos defienden que los sectores de población más desfavorecidos o en situación de vulnerabilidad no verán aumentadas sus opciones a acceder a una vivienda de alquiler como consecuencia de la aprobación de esta normativa, sino que la medida puede comportar una reducción de la oferta de alquiler.
"FALTA DE DIÁLOGO"
"La clara inconstitucionalidad de buena parte del articulado del texto creará un tenso ambiente de inseguridad jurídica en el sector con efectos negativos en la oferta de vivienda", han añadido, y han lamentado la falta de diálogo durante el proceso de redacción y discusión de la propuesta, en sus palabras.
También han apostado por que el sector público adopte medidas que incentiven la construcción de un parque de vivienda social o de renta limitada suficiente y estable en el tiempo mediante estímulos fiscales de todo tipo, ya que aseguran que "la inexistencia de un parque público de alquiler es responsabilidad de las administraciones públicas y no de los propietarios privados".
Este domingo la patronal catalana Foment del Treball también se opuso a esta normativa al considerarla inconstitucional y contraria al Estatut, y sostuvo que "hundirá a medio plazo" el mercado del alquiler.
