La cantante ha pagado los 14,5 millones que le reclama Hacienda La cantante Shakira ha declarado este jueves ante la titular del Juzgado de Instrucción 2 de Esplugues de Llobregat (Barcelona) como investigada por un presunto fraude fiscal de 14,5 millones de euros y ha alegado que en los años 2012, 2013 y 2014 no residía en España por lo que no estaba obligada a pagar impuestos a Hacienda. En una declaración de una hora y cuarto, en la que Shakira solo ha respondido a su abogado, José Ángel González Franco, ha dado explicaciones pormenorizadas para justificar que pasó menos de los 183 días que se exige para ser residente en España, haciendo hincapié en los conciertos u otros eventos en los que participó en diferentes países, como el programa televisivo The Voice en Estados Unidos. Así, fuentes jurídicas han explicado que ha dado explicaciones exhaustivas en un discurso muy estructurado y que ha dicho que entre 2011, cuando empieza una relación con su actual pareja Gerard Piqué, hasta finales de 2014, no residía en España pese a que pasaba estancias esporádicas en Barcelona. Fue a finales de 2014 cuando escolarizó a su primer hijo, y se compró una casa en Esplugues de Llobregat, y a partir de 2015 ya empezó a residir formalmente en España y a pagar sus impuestos aquí. La artista está investigada por seis presuntos delitos contra la Hacienda Pública por un supuesto fraude de más de 14,5 millones en IRPF e Impuesto de Patrimonio (IP), a través de 14 sociedades en países como Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas y Panamá, y según fuentes del entorno de la cantante, ya ha pagado estos 14,5 millones. En un comunicado, Shakira ha explicado que "ha cumplido en todo momento, incluyendo en el periodo comprendido entre 2011 y 2014, con sus obligaciones tributarias en todos aquellos países en los que ha trabajado (incluyendo EE.UU.) y no debe ninguna cantidad a la Hacienda española". Según dicho comunicado, al no existir ya deuda tributaria pendiente, "el único tema en discusión en este momento es sobre la correcta interpretación de la norma en torno a cuándo se inició la aplicación del criterio de residencia fiscal en España por parte de Shakira". Ha mostrado disposición absoluta de colaborar con la Administración Tributaria y ha resaltado que su "conducta en materia tributaria siempre ha sido intachable en todos los países en los que ha tenido que tributar, y ha confiado y seguido fielmente el criterio de los mejores especialistas y expertos asesores". EVITA A LA PRENSA Shakira ha llegado a los juzgados minutos antes de las 10 horas, cuando estaba citada, pero no ha entrado por la puerta principal sino que ha usado una plaza de parking del edificio donde está el juzgado -según fuentes del entorno de la cantante, alquilada por su abogado-- para entrar por el interior del inmueble, eludiendo así a la prensa. De este modo, tanto a la entrada como a la salida, ha evitado a los medios de comunicación, pese a que según fuentes judiciales la juez dio orden expresa de que entrara por la puerta principal, como hacen todos los ciudadanos, aunque desde el entorno de la cantante aseguran que no les constaba esta orden. QUERELLA En la querella contra Shakira admitida por la juez, la fiscal Carmen Martín Aragón considera que la cantante dejó de presentar la liquidación del IRPF e IP en los ejercicios de 2012, 2013 y 2014, produciendo un perjuicio económico a la Hacienda Pública de 12.371.197,97 euros (IRPF) y de 2.191.771,58 euros (IP). La fiscal considera que Shakira vivía en España durante estos ejercicios, y que las estancias en el extranjero por motivos laborales fueron "esporádicas", por lo que la cantante era residente permanente en España y tenía la condición de obligado tributario y residente fiscal. Según el relato de la querella, la artista "con el deseo de no tributar, utilizó un entramado societario" para ocultar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la renta percibida y a la Agència Tributària de Catalunya el patrimonio que tenía en estos ejercicios. Así, según la fiscal, la única relación de Shakira con las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo fue el domicilio de las sociedades a través de las cuales canalizó los movimientos de capital generado con su actividad profesional. Según el cómputo de la Fiscalía, la querellada permaneció de manera efectiva en España 243 días en 2012, 212 días en 2013 y 244 días en 2014, y se ausentó del país para atender sus compromisos profesionales y de ocio: 123 días en 2012, 153 días en 2013 y 121 días en 2014. Por ello, la fiscal defiende en su escrito que, al tener su residencia en España de manera habitual y haber permanecido más de 183 días en cada año natural, "era residente fiscal en España y tenía la obligación de tributar por la totalidad de su renta mundial con independencia del lugar donde se hubiese producido y cualquiera que fuese la residencia del pagador", así como por todo su patrimonio.
