Urge al Govern, al Parlament y al Defensor del Pueblo que presenten recursos de inconstitucionalidad
BARCELONA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha concluido en una resolución que el Real Decreto Ley de seguridad digital del Gobierno, que entró en vigor a principios de noviembre, vulnera derechos fundamentales y puede ser inconstitucional.
Por ello, ha solicitado al Govern, al Parlament y al Defensor del Pueblo que presenten recursos de inconstitucionalidad de forma urgente a falta de dos semanas para que venza el plazo para hacerlo, según ha explicado este viernes en rueda de prensa en la cámara catalana.
"Es preocupante ver leyes del Estado que recuperan la idea y el concepto de orden público, un criterio que parecía que en democracia lo habíamos abandonado, y en el que se basó la dictadura en sus actuaciones", ha criticado, y ha sostenido que con este decreto también tiene lugar una posible vulneración de las competencias de la Generalitat.
Ribó considera que la facultad de intervención de la normativa se establece en un sentido "tan amplio e indeterminado" que puede afectar las libertades de expresión, comunicación e información de la Constitución, el Convenio europeo y la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea (UE).
"Igualmente, presenta un potencial amenazante del derecho a la intimidad personal y familiar, el secreto de las comunicaciones y la protección de los datos personales", ha explicado Ribó, que ha alertado de la posibilidad de que el Gobierno pueda llevar a cabo una censura previa.
"CESE CAUTELARÍSIMO"
Para el Síndic de Greuges, las libertades de expresión e información se pueden ver afectadas por la facultad del Gobierno de "ordenar el cese cautelarísimo" de una actividad supuestamente infractora en materia de telecomunicaciones antes de iniciar el procedimiento sancionador y sin audiencia previa.
"En una sociedad democrática, la protección de la seguridad pública, la seguridad nacional o el orden público no se puede hacer a través del control de los medios de comunicación, sean los medios de comunicación clásicos o las nuevas redes y servicios de la sociedad de la información", ha subrayado.
Por esto, considera contradictorio buscar estas finalidades haciendo abstracción de los derechos y las libertades fundamentales y, sobre todo, de los que resultan estructuralmente necesarios "para configurar esta sociedad como democrática".
La resolución, que se ha basado en el informe sobre la constitucionalidad de las medidas del Real Decreto Ley encargado al profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona (UB) Enoch Albertí, ha sido enviada al presidente del Parlament, Roger Torrent; a los grupos parlamentarios, a la Generalitat de Catalunya y al Defensor del Pueblo.
