Lo califica de 'sinhogarismo oculto' porque "son personas que tienen techo pero no hogar"
BARCELONA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vil, ha presentado este martes el informe 'L'habitatge compartit a Barcelona', elaborado conjuntamente con la Ctedra Unesco d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili (URV), en el que analiza si en las situaciones de vivienda compartida "forzosa" se garantiza el derecho a la vivienda digna o, por el contrario, se trata de situaciones de 'sinhogarismo oculto'.
Lo ha presentado en rueda de prensa telemática junto al director de la Ctedra Unesco d'Habitatge de la URV, Sergi Nassarre; la asesora especializada en vivienda de la Síndica, Pilar Aldea; y la adjunta a la Síndica, Natlia Ferré.
Vil ha explicado que "compartir piso es una práctica muy extendida" en Barcelona y considera que es una cuestión que se ha tratado muy poco, por lo que ha pedido poner el foco en ello y aportar propuestas de mejora para que no se convierta en situaciones de 'sinhogarismo oculto'.
La Síndica ha calificado de 'sinhogarismo oculto' aquellas situaciones que engloban el alquiler de habitaciones y el mercado negro de alquiler, alojamientos provisionales con la familia y amigos, contenedores marítimos, hostales, nichos, los llamados 'pisos patera', y los centros de acogida o similares.
"Son personas que no se encuentran sin techo, pero sí sin hogar", ha detallado Aldea, que ha apuntado que el perfil de las personas que viven en viviendas compartidas forzosas ha variado y que son personas que se encuentran en situación de fragilidad y vulnerabilidad.
Ha detallado que antes la mayoría de personas afectadas eran inmigrantes, familias monoparentales o jóvenes, pero que cada vez se detecta un perfil más variado: "No solo son personas que cobran sueldos muy bajos, también hay mileuristas, que cobran por encima del salario mínimo, pero unos ingresos de mil euros tampoco son suficiente para alquilar un piso en la ciudad".
REFORMA JURÍDICA
Ante esta situación, el informe propone una reforma del régimen actual de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) con regulación específica del alquiler de habitaciones, porque consideran que "no está claro" cuál es el régimen jurídico que la normativa actual ofrece para el contrato de alquiler de habitaciones.
También reclaman un pacto entre administraciones para "planificar, priorizar y presupuestar cómo garantizar la accesibilidad de la vivienda en Barcelona y sus condiciones", y políticas meramente informativas para garantizar la seguridad jurídica, así como la elaboración de guías de convivencia que permitan establecer unas pautas entre los inquilinos.
"Para garantizar el derecho a la vivienda no solo se deben agotar todas las posibilidades que ofrece el ordenamiento jurídico, sino que también se quieren cambios legislativos que inciden en la recuperación y la protección del uso vecinal de las viviendas que garanticen la seguridad y limiten el aumento indiscriminado de los arrendamientos urbanos", ha señalado.
Asimismo, han incidido en la falta de datos que han constatado respecto a la vivienda compartida "forzosa", por lo que creen que es necesario fomentar con más estudios empíricos esta situación para poder dimensionarla: "Es necesario explicar mejor qué significa el 'sinhogarismo oculto', poner cifras y la dimensión que le pertenece", ha subrayado Ferré.
