BARCELONA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Síndica de Greuges de Barcelona, Pilar Malla, advirtió hoy del incremento de familias que necesitan ayuda para comer porque su sustentador principal, que suele ser un autónomo, está en el paro y deben pagar igualmente el alquiler del piso. La Sindicatura ha constatado que en algunos distritos hay colas de dos meses para acceder a un comedor social.
En una rueda de prensa sobre el balance de 2008, Malla precisó que a finales de año pasaron por delante de las quejas sobre personas en exclusión las relativas a familias con hijos que no pueden llegar a fin de mes y que nunca antes habían ido a servicios sociales, de los que destacó progresos para los 'sin techo'.
A algunas familias les dijeron que no había dinero para ayudarles a pagar el alquiler o la comida pese a cumplir los requisitos. Subrayó que en ocasiones la realidad supera a los estudios previos y pidió inventar nuevas medidas, como dar vales de comida para ir a un restaurante. Malla trasladó ayer esta propuesta al alcalde, Jordi Hereu, quien tomó nota de ella, según dijo.
Recordó que la crisis también afecta a barceloneses que ganaron un piso de protección oficial y que después no pueden pagar la entrada, que supone el 20 por ciento del coste. Como las entidades bancarias son reacias a dar crédito, la Sindicatura pidió a los promotores alargar los plazos y reclama al Consistorio construir más viviendas de alquiler.
En 2008, la Sindicatura de Barcelona recibió un total de 1.506 quejas que suscribieron 1.976 personas. Por temáticas generales, encabezó la lista vivienda, urbanismo y medio ambiente --283 expedientes--, y le siguieron la vía pública --268--, la relación con la administración y los tributos --202-- y servicios a las personas --183--. Las de otras temáticas ascendieron a 45.
En concreto, es la circulación y los transportes la cuestión con más expedientes --197--. La síndica advirtió del número significativo de quejas del servicio público de bicicletas, el Bicing, a causa de las penalizaciones económicas, el mantenimiento de las bicicletas y porque los usuarios no pueden contactar con atención al cliente.
Otras quejas se refieren a la circulación de las bicicletas, sobre lo que apostó por ser "más cívicos". También destacó las relativas a los revisores de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), a quien ha pedido ofrecer la "formación adecuada" para contestar a los usuarios. Añadió que la atención electrónica y telefónica del Ayuntamiento debería ser más personalizada.
INSISTE EN LAS INSPECCIONES
La Síndica insistió como en años anteriores de las quejas por la lentitud de las inspecciones urbanísticas y apostó por priorizar la rehabilitación de viviendas ante la nueva construcción para proteger las que tienen deficiencias, medida que puede crear empleo. También afirmó que se mantienen las quejas por acoso inmobiliario.
Reclamó más coordinación de los servicios sociales en los distritos y construir las 10 residencias públicas de ancianos previstas desde 2005. En relación a la Ley de la Dependencia, que ha motivado 39 quejas, recordó que inicialmente se referían al procedimiento y a la falta de resolución, y después a las resoluciones y las denegaciones.
El adjunto a la síndica, Marino Villa, destacó la descoordinación entre Generalitat y Consistorio sobre la atención a menores en exclusión, y apostó por agilizarla ya que son niños en riesgo por maltrato, falta de higiene y absentismo escolar. Malla adelantó está ultimando un estudio relacionado que se basa en que la falta de prevención lleva a conductas de exclusión.
Destacó la receptividad de algunas áreas, como el Consorcio de Educación y el área de Medio Ambiente, sobre las que se refieren 117 de las quejas, 69 de las cuales por ruido. Entre las resoluciones pendientes está la queja de traductores y psiquiatras que piden no pagar la tasa de residuos por su actividad porque alegan que no generan.
