BARCELONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
La conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) es la única agrupación que mañana apoyará la huelga de jueces y magistrados convocada en toda España para quejarse de la situación de la administración de justicia y pedir reformas estructurales.
Mientras que la primera huelga de jueces de la democracia, en febrero, tuvo un seguimiento de casi la mitad de los jueces y magistrados titulares, la de mañana se prevé mucho menos exitosa. Muestra de ello es que sólo en ciudades medianas las juntas de jueces han apoyado mayoritariamente la convocatoria. En el caso de Barcelona, la semana pasada no se pudo celebrar por falta de 'quorum'.
En declaraciones a Europa Press, la portavoz de la APM en Catalunya, Bárbara Córdoba, admitió que es difícil que la huelga tenga tanto seguimiento como hace siete meses, pero espera conseguir "los mismos niveles".
También reconoció que en febrero los jueces estaban motivados para ir a la huelga por las carencias de la justicia pero también por los "comentarios de algunas autoridades", en referencia al entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que poco después dimitió y fue sustituido por el actual, Francisco Caamaño. Ahora, ese "malestar" ya no existe, aunque los jueces siguen descontentos por la falta de renovación de la administración de justicia.
ALEGRET NO LA APOYA
Precisamente hoy inauguró oficialmente el año judicial en Catalunya la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Maria Eugènia Alegret, próxima a la APM, y quien opinó que la huelga tendrá un seguimiento escaso.
En su discurso, dudó de la "oportunidad" del paro judicial, así como del derecho de un poder de Estado a ir a la huelga.
No obstante, mostró su preocupación por el hecho de que numerosos miembros de la carrera judicial consideren que los mecanismos habituales para reclamar mejoras en el funcionamiento de la justicia "no son suficientes".
Mostró su apoyo a las reivindicaciones de los huelguistas, pero dijo que hay que ser "conscientes del momento" en el que está la sociedad y opinó que no se puede pretender "la solución inmediata de todos los problemas". "Las medidas tienen que ser a medio y largo plazo y combinadas con otras que contengan la litigiosidad", dijo.
