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SALAMANCA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -
El TSJC ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el investigador Policarpo Sánchez contra la Generalitat.
Esta denuncia rechaza la salida de algunos de los documentos del Centro Documental de la Memoria Histórica, con sede en Salamanca.
El investigador ha reclamado que la Conselleria de Cultura de la Generalitat devuelva al Archivo General de la Guerra Civil "todos los documentos y otros efectos que no fueron incautados en Cataluya a personas naturales o jurídicas de carácter privado, con residencia, domicilio, delegación o secciones en Catalunya".
Tras conocer la decisión judicial, Policarpo Sánchez ha reconocido sentir una inmensa alegría y satisfacción porque "es el reconocimiento al esfuerzo y preocupación de personas desinteresadas que, en defensa de la legalidad, se han levantado contra la injusticia y el canibalismo político de la Generalitat, que está acabando con un Patrimonio que pertenece a todos los españoles".
Según ha apuntado en un comunicado remitido a Europa Press, el decreto de admisión, que es la primera resolución que dicta el Tribunal, demuestra que lo demandado por el investigador y su equipo "se ajusta a la legalidad, debiéndose continuar el procedimiento por sus propios trámites".
Ahora, tal y como ha señalado, "el siguiente paso es la remisión por parte de la Generalitat del expediente administrativo, dentro del plazo indicado, sin que quepan motivos para no obedecer al mandato judicial".
"Es de esperar que en esta ocasión cumplan con lo requerido, de forma contraria a lo sucedido a lo largo del procedimiento administrativo, en el que, por dos veces, tuvimos que exigir las responsabilidades oportunas para que nos informasen de cuestiones a las que estaban obligados", ha añadido.
RECURSO
El investigador ha lamentado que la normativa "ha sido claramente vulnerada, al haberse restituido documentos y efectos que no cumplían estos requisitos" por lo que ha pedido al juez que depure las responsabilidades que correspondan.
Sobre este asunto, Sánchez ha remarcado en distintas actuaciones que la Sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de enero de 2013 "deja claro que la Generalitat no adquiere la propiedad de todos los documentos y efectos privados que no hubiesen podido restituirse".
Según este, se dice expresamente que si esta restitución no se puede producir, por no haberse podido acreditar la titularidad de los mismos, "tales documentos siguen integrando un archivo de titularidad estatal".
Asimismo, ha avanzado que también ha solicitado al juez el traslado al Archivo General de la Guerra Civil de "todos aquellos documentos y demás efectos que, cumpliendo los requisitos para su restitución a terceros, no han sido digitalizados en su integridad ni compulsados, a fin de que quede depositada en el Archivo una copia auténtica, en los términos previstos legalmente".
