MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -
Una hipotética secesión de Catalunya u otro territorio que no haya sido decidida por el conjunto del pueblo español sería contraria al ordenamiento jurídico europeo, ha advertido este jueves el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo.
En una comparecencia en el Senado ante la Comisión Mixta para la UE que conforman diputados y senadores, ha hecho referencia al proceso soberanista emprendido por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, al ser interpelado en este sentido por el senador de Amaiur Jon Iñarritu.
El jefe de la diplomacia española, que antes de ser ministro ejerció casi dos décadas como eurodiputado, ha querido dejar claro que el artículo 4.2 del Tratado de la UE impediría el reconocimiento de una secesión unilateral.
Según este artículo, solo sería legal una secesión pactada con España, y la actual Constitución Española impide la independencia unilateral de una parte de la nación, porque la soberanía del Estado corresponde al conjunto del pueblo.
Incluso cuando se llegara al caso de que una parte del actual territorio de España se separara del resto de forma pactada --porque hubiera cambiado la Constitución, por ejemplo--, el nuevo Estado no estaría automáticamente dentro de la UE, sino que debería iniciar un proceso de adhesión que solo concluiría cuando los miembros de la Unión estuvieran unánimemente a favor de su ingreso.
En concreto, el artículo 4.2 del Tratado de la Unión señala que ésta "respetará" la "identidad nacional" de los Estados miembros, identidad "inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de éstos, también en lo referente a la autonomía local y regional".
También dice que "respetará las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional", ha leído el ministro.
García-Margallo ha explicado que este artículo es lo que se conoce en derecho como norma de remisión, es decir, que "incorpora lo que el ordenamiento nacional de cada Estado miembro determine".
Esto quiere decir que en los Estados miembros en los que quepa una secesión "pactada", ésta será "legal", pero en los que no, se trataría de una independencia "ilegal", ha añadido.
El ministro ha recordado que la Constitución, en su artículo 1.2, establece que "la soberanía nacional reside en el pueblo español" y en su artículo 2 deja claro que la Constitución "se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española".
Por tanto, ha indicado, una secesión "unilateral es absolutamente contraria a la Constitución", de manera que también sería "contraria al ordenamiento europeo".
Pero además, ha insistido, el ingreso de un nuevo Estado en la UE requiere el voto a favor de todos y cada uno de los miembros de la Unión, de manera que España mantendría la capacidad de vetar una eventual adhesión de una Catalunya independiente, aun en el caso de que ese nuevo estatus se hubiera conseguido sin violar la Constitución.
Iñarritu ha lamentado que la visión del ministro no coincida con la de varios profesores de derecho constitucional de universidades catalanas que han elaborado un informe sobre la materia que el senador se ha comprometido a remitirle.
