BARCELONA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -
El sindicato UGT reiteró y explicitó hoy su "compromiso" con la defensa de los derechos humanos y libertades de los presos de las cárceles catalanas. Ante las últimas acusaciones de presuntos malos tratos por parte de funcionarios de prisiones a reclusos, UGT reiteró que se compromete a conseguir el objetivo consagrado en la Constitución, la reinserción, sin sobrepasar los límites legales.
En el marco de la inauguración de las primeras jornadas penitenciarias del sindicato, el secretario general de UGT de Catalunya, Josep Maria Álvarez, aseguró sentirse "muy orgulloso" del sección sindical de prisiones de UGT, tanto en sus actuaciones generales como en su trabajo diario.
En este sentido, recordó que durante todos los años de democracia, UGT ha apostado por la reinserción de los presos, incluso durante el franquismo, e inquirió a "algunos que nos dedican tiempo" si también estaban luchando a favor de las libertades públicas durante la dictadura.
De esta forma, Álvarez respondió a las acusaciones de la Coordinadora Catalana para la Prevención de la Tortura quien denunció que uno de los premios del sindicato será para Manel Allué, funcionario de prisiones que habría sido condenado por maltratar a un preso.
El responsable de prisiones de la UGT, Miquel Pueyo, desmintió estas informaciones y aseguró que la denuncia es "totalmente falsa". Además, Pueyo aseguró que los hechos que se citaban se "produjeron en 1992 y quedaron archivados".
Por este motivo, Pueyo afirmó que "la imputación falsa y publicitada es algo muy grave, por lo que alguien deberá responder" y recordó, en alusión a las declaraciones de la Coordinadora Catalana para la Prevención de la Tortura, que UGT "no permitirá lecciones sobre derechos humanos de una institución que ha justificado en ocasiones la violencia contra funcionarios de prisiones".
COLABORACIÓN POR EL MOTÍN DE QUATRE CAMINS.
En otra cuestión, Pueyo también ratificó la voluntad del sindicato de colaborar con la justicia. El sindicalista aseguró que facilitarán la investigación al Juzgado de Instrucción número 3 de Granollers (Barcelona) que lleva el caso de supuestos malos tratos de funcionarios de prisiones a reclusos de Quatre Camins tras un motín.
Según avanzó hoy 'El País', el juez ha imputado a otros cuatro jefes de la cárcel al no haber podido identificar a todos los funcionarios que el 30 de abril de 2004 trabajaban en la prisión. Por ello, ha citado a declarar a los responsables del personal, decisión que ya ha sido recurrida por la defensa.
Por su parte, Pueyo aseguró que su sindicato "no dificulta la investigación" y que tiene el máximo interés en que ésta termine cuanto antes para que los trabajadores no vean manchada su imagen. Insistiendo en ello, garantizó "máxima colaboración" para intentar esclarecer los hechos.
En cambio, el secretario de Servicios Penitenciarios, Albert Batlle, no quiso hacer declaraciones sobre el caso, ya que se está investigando.
"NO PONERSE AL NIVEL DE LOS PRESOS".
Refiriéndose también a la defensa de los derechos de los reclusos, el conseller de Justicia, Josep Maria Vallès, animó a los funcionarios de prisiones a "respetar los derechos" de los reclusos, porque, si no es así, "nos ponemos a su mismo nivel" y se pierde "autoridad moral" ante alguien que ya ha vulnerado, "a veces gravemente", los derechos de otras personas.
A pesar de admitir las dificultades del trabajo de los funcionarios, Vallès reconoció que la mayoría de ellos trabajan para la reinserción de los presos con "gran profesionalidad". "Aunque en un momento concreto, puede parecer que saltarse las reglas puede solucionar un problema, a la larga no es beneficioso".
Justamente, el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Ramon Cebrián, animó a la Conselleria a tener más en cuenta la opinión de los trabajadores, que, además de defender sus intereses corporativos, pueden mejorar las condiciones de vida de los presos y las cárceles.
Tanto Vallès, como Álvarez y Cebrián admitieron que al principio de esta legislatura las relaciones entre las dos partes fueron "tensas" y "difíciles", llegando incluso a las "descalificaciones personales", pero que en la actualidad han mejorado y se han conseguido "acuerdos importantes".
En este sentido, el conseller y el secretario general de UGT discreparon al valorar la relación entre los sindicatos y los gobiernos de izquierdas. Para Vallès, las relaciones son más "tensas" que con los gobiernos de izquierdas; en cambio, según Álvarez, los gobiernos de izquierdas piensan que "ya tienen el suficiente aval para no consultar sus decisiones".
En lo que sí coincidieron el conseller y los sindicalistas es en considerar la política penitenciaria como una parte de la política social, que debería prevenir la masificación actual de las cárceles.
