Cuestiona al Ejecutivo sobre si la Generalitat exige a las familias el desembolso previo del costo de las matrículas
MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -
UPyD ha registrado una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados en las que cuestiona al Gobierno sobre el número total de solicitudes que ha recibido el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con la entrada en vigor este curso de la disposición 38 de la LOMCE, que reconoce a los padres el derecho a que sus hijos reciban enseñanza en castellano.
Según explica el partido, la nueva disposición añade que si la programación anual de la administración educativa competente no garantizase oferta docente razonable sostenida con fondos públicos en la que el castellano sea utilizado como lengua vehicular, el Ministerio, "asumirá íntegramente, por cuenta de la administración educativa correspondiente, los gastos efectivos de escolarización de estos alumnos en centros privados en los que exista dicha oferta".
Así, sostiene que las condiciones y el procedimiento se determinó reglamentariamente a través de un decreto que fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado 11 de julio.
Por ello, desea conocer también en qué comunidades autónomas y centros públicos se ha producido la falta de oferta docente "razonable" de castellano, según exige la ley para poder acceder en última instancia a la escolarización en centros privados y así garantizar el aprendizaje en castellano.
Es más, cuestiona al Ejecutivo sobre si es cierto que Conselleria de Enseñanza catalana exige a las familias el desembolso previo del costo de las matrículas y mensualidades del centro educativo con oferta en castellano.
Además, quiere más detalles sobre el límite del pago de costes escolares que asume Educación a las familias que elijan educación en castellano en Catalunya, qué garantías de devolución del gasto da el Ministerio a las familias que elijan la educación en lengua española en Catalunya, y por qué cantidad, en qué plazo y cuándo se responde a las familias.
"¿Piensa el Gobierno emprender alguna campaña informativa para dar a conocer el derecho de escolarización en castellano en caso de que la institución competente no garantice oferta docente razonable en castellano?", cuestiona la formación que lidera Rosa Díez.
Asimismo, interpela al Ejecutivo las razones por las que excluye del decreto aprobado el 11 de julio los gastos derivados del transporte y manutención de aquellos alumnos que deban matricularse en otro municipio al no existir oferta pública en castellano en el municipio propio, y si es consciente de que el procedimiento establecido imposibilita el que ninguna familia se acoja a la escolarización siguiendo los supuestos y condiciones determinadas.
