MELILLA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Sección VII de la Audiencia Provincial de Málaga, con sede en Melilla, ha rechazado el recurso presentado por la ex consejera de bienestar Social de Melilla y diputada del PP María Antonia Garbin y mantiene para ella la condena de diez años de inhabilitación por prevaricación en el llamado 'Caso abogados', por el que se habrían contratado irregularmente por la administración a abogados. En cambio, ha decidido absolver al resto de condenados, todos ellos funcionarios y letrados.
Según la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, María Antonia Garbín, en su calidad de consejera de Bienestar Social y Sanidad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla desde 2003 hasta 2013, "suscribió un total de 91 contratos de consultoría y asistencia en materia de asesoramiento jurídico" con los letrados también acusados, lo que supuso un gasto público ascendente a la suma de 1.114.510'91 euros.
La condena afectó también a otras 13 personas, entre funcionarios y abogados, que recibieron inhabilitaciones de entre cinco y nueve años. Todos los condenados interpusieron recursos contra la sentencia. La defensa de María Antonia Garbín pidió la nulidad de la sentencia alegando que el juez del penal 1 no fue imparcial, la impertinencia de la acusación popular, y que las contrataciones objeto de denuncia habían sido previas al acceso de Garbín al cargo de consejera de Bienestar Social.
El Tribunal resolvió fallar a favor de los recursos de todos los acusados a excepción de Garbín, declarando la nulidad de la sentencia, entre otros motivos, porque el juez se había "limitado a calcar el relato de hechos contenido en la conclusión primera del escrito de calificación del Ministerio Fiscal", cuya narración estaba "plagada" de consideraciones jurídicas predeterminantes del fallo.
En el caso de María Antonia Garbín, el Tribunal desestimó todos y cada uno de los motivos alegados por la defensa, y falló para confirmar el pronunciamiento condenatorio contenido en la sentencia recurrida, a excepción de la condena en costas, que será de una décimo tercera parte.
A pesar de la definitiva desestimación del recurso, en el seno del Tribunal no ha habido consenso al respecto, dado que uno de los magistrados votó a favor de declarar también la nulidad de la sentencia contra Garbín, al entender que el caso debería haberse llevado por la vía administrativa, y no por cauces penales, y que los motivos que habían llevado al Tribunal a absolver al resto de acusados deberían haber sido válidos también para estimar la absolución de María Antonia Garbín.
Otro de los argumentos del magistrado "en discordia" fue la asimetría en la exigencia de conocimiento acerca de la ilegalidad de los contratos, ya que a los funcionarios no se les ha tenido en cuenta.
