CEUTA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Unión Temporal de Empresas (UTE) Trace, que, con parte del accionariado de Ceuta y otra parte de Almería, se hizo en febrero de 2013 con la adjudicación del servicio de limpieza pública viaria y recogida de basuras de la ciudad autónoma por 15 millones al año durante una década --prorrogable por otros diez ejercicios--, ha requerido formalmente al Gobierno autonómico que preside Juan Vivas (PP) que "resuelva" su contrato y valore los "daños y perjuicios" que desde el punto de vista de la mercantil le ha causado durante la vigencia de su relación y con la rescisión de la misma en términos de lucro cesante.
En su escrito, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso Europa Press, la compañía alerta a "los funcionarios y autoridades a cargo del expediente" de que están expuestos a "diferentes tipos de responsabilidades" por su actuación, desde "sanciones administrativas disciplinarias por la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales" hasta "una condena judicial por la comisión de un delito contra la Administración pública en forma de prevaricación administrativa".
El Pleno de la Asamblea aprobó a finales de septiembre dar los pasos oportunos para intentar romper el contrato firmado con Trace por falta de satisfacción con la prestación del mismo. Este servicio es el más gravoso para las arcas municipales de cuantos presta la Ciudad Autónoma y, según el último informe de la Intervención, supone un desembolso anual per cápita que se elevó en 2017 a 264 euros.
Trace señala en su escrito, al que la Ciudad debe responder antes de fin de año, que es la Administración la que "no está cumpliendo su obligación de pago en los términos pactados" desde junio de 2017, cuando comenzó a "practicar de forma constante improcedentes detracciones económicas en las certificaciones mensuales [250.000 euros de media], obligando a recepcionar pagos mensuales muy inferiores a los que, conforme a los documentos contractuales, [la adjudicataria] tiene derecho".
La UTE denuncia que el Gobierno, "de forma unilateral y contraria a Derecho", ha impuesto "un método de cálculo por el que obtiene y refleja el número mensual de servicios no prestados en función del grado de presencia/ausencia de operarios adscritos al contrato pese a que la propia naturaleza del mismo impone una 'obligación de resultado', que los servicios no prestados deben apreciarse en función del grado de limpieza y recogida alcanzado".
El Gobierno de Vivas y Trace firmaron en abril un nuevo protocolo de control precisamente para dejar de aplicar detracciones en función del conteo de trabajadores y pasar a hacerlo "observando, por ejemplo, la pulcritud de determinada área geográfica, el estado de los contenedores o el volumen de residuos en las papeleras".
Sin embargo, la Administración ha seguido "practicando descuentos en función de la presencia de operarios ejecutores y no del grado de limpieza y recogida alcanzado". "Adicionalmente al incumplimiento de la obligación de pago, la Administración ha actuado durante toda la vida del contrato de forma tendente a dificultar la correcta ejecución del mismo, así como a hacerlo económicamente inviable", añade Trace, que mantiene varios contenciosos-administrativos judiciales abiertos contra la Ciudad por la subrogación de personal adicional, la modificación de servicios y retrasos en los pagos.
La concesionaria, que con unos 400 trabajadores es la mayor empresa privada en términos de empleo en Ceuta, alerta en su escrito de que todas las circunstancias referidas "han derivado en que la salud financiera de la UTE está gravemente comprometida", y alerta de que "va a resultar imposible en el corto plazo hacer frente a los compromisos de pago".
