CEUTA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los dos diputados no adscritos en la Asamblea de Ceuta, María Carmen Vázquez y José María Rodríguez, que hasta el 27 de enero formaban parte del Grupo Parlamentario de Vox en la Cámara autonómica han denunciado este lunes ante el Juzgado de Guardia por presenta prevaricación al presidente de la Ciudad, Juan Vivas (PP), y a sus dos vicepresidentes, Francisco José Ruiz (Vox) y Cristina Pérez (PSOE), por vulnerar su derecho a la participación política como electos en contra de lo previsto en la legislación, el Reglamento de la Cámara autonómica y la jurisprudencia del Constitucional.
En el escrito trasladado al Juzgado de Guardia, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso Europa Press, se recuerda que los dos ex parlamentarios de Vox causaron baja en ese grupo "por discrepancias y por las formas de llevar la acción política" en la institución el 27 de enero, justo después de conocerse los mensajes que supuestamente se cruzaban en WhatsApp los integrantes de su Gestora contra la "mierda de Ceuta de las Cuatro Culturas" promovida hasta "negar la propia españolidad" de la ciudad hacia la "palestinización" de la misma.
El 17 de febrero ambos solicitaron por escrito su incorporación a las Comisiones de la Asamblea y a los Consejos de Administración de las empresas municipales "como fiel reflejo del derecho de participación de los diputados", pero hasta ahora "no han recibido comunicación ni se les deja participar". "Antes bien, se les niega y en los Consejos se vota de forma ponderada y haciendo uso de sus votos por parte de la Mesa en favor de Vox", advierten sobre la relación de fuerzas en la Cámara, donde el PP sustituyó a finales de 2019 al PSOE por los de Abascal como socio prioritario.
El 21 de mayo presentaron nuevos escritos "pidiendo que se cumpla el Reglamento de la Ciudad", igualmente sin respuesta, a pesar de que la norma estipula desde 2018 que "cuando se produjese la separación de su Grupo de un diputado, habrá que revisar, en el plazo de quince días, la composición y la asignación de los o las miembros a las Comisiones y a los órganos rectores de los entes y empresas de la Ciudad".
Según la denuncia, se les está causando "un perjuicio grave tanto a ellos como a las personas que representan a través de su mandato, que son en definitiva las ciudadanos", sin saber "a qué tipo de intereses políticos responde la falta de cumplimiento de la Ley" en un contexto en el que la mayoría del PP depende precisamente de Vox.
El escrito recuerda que según la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) desde 2014 un diputado no adscrito "no puede considerarse de peor condición que el resto". En el mismo sentido subrayan que el Constitucional resolvió en diciembre con idéntico criterio.
Vázquez y Rodríguez reclaman que se les otorguen "los derechos reconocidos en las leyes y aparados por el Tribunal Constitucional" para desarrollar su labor parlamentaria para no tener que "interponer las acciones legales o administrativas que les amparan para tutelar sus derechos" sin dejar de tener en cuenta que "toda esta conculcación de derechos puede revestir la consideración de infracción penal, ya que la Mesa Rectora no se puede escudar en que no tenía conocimiento, ya que en las anteriores legislaturas ya tuvieron un caso similar de una diputada [Fatima Hamed] a la que se le permitía presentar mociones de urgencia, preguntar, interpelar y participar en los órganos colegiados de la Ciudad".
"La Mesa está infringiendo deliberada y conscientemente", concluye la denuncia, "la aplicación de la ley que es fundamento y pilar de nuestra democrático y de Derecho".
Pérez (PSOE) ha explicado a Europa Press que lleva "cuatro meses" reclamando sin éxito asesoramiento de la Secretaría General de la Asamblea sobre "la situación de los no adscritos". En la misma línea, en los consejos de administración de los que forma parte ha reclamado "que se reduzca la representación de Vox".
