CEUTA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno de Ceuta quiere endurecer las condiciones de acceso y cobro de las ayudas de Alojamiento Alternativo "excepcionales" de "naturaleza asistencial" que actualmente perciben más de 300 familias que carecen de vivienda.
El Ejecutivo autonómico del PP apuesta por reducir de cinco a tres años el tiempo máximo durante el que los beneficiarios podrían percibir hasta 350 euros al mes --la cuantía tope asciende ahora a 400--, y por extremar el control de otros signos externos de disponibilidad económica como la posesión de coches caros.
El borrador del nuevo Reglamento, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso Europa Press, establece un doble objetivo para compatibilizar "garantizar de forma rápida y adecuada la cobertura de la necesidad básica de alojamiento en situaciones de urgencia" con que ello sea el "punto de partida de un proceso dirigido a la normalización social" de tal forma que la percepción de ayudas no se interprete como si fuese "una pensión", tal y como lleva meses alertando la consejera competente, Adela Nieto (PP).
La Ciudad Autónoma entenderá que los recursos económicos de una familia son "suficientes" para no percibir ayuda "cuando sumados y descontada la renta a abonar del alquiler (que o podrá ser nunca superior a 600 euros al mes) resulte una cuantía que suponga el 60 por ciento de la totalidad de los ingresos".
Para percibir ayudas será necesario "estar empadronado en Ceuta de forma continuada con al menos una antelación de tres años" y que ningún miembro de la unidad convivencial solicitante sea titular de inmuebles, de "vehículos de tracción mecánica de uso particular cuyo valor actual supere los 6.000 euros" o de cualquier otro bien que "indique de forma notoria la existencia de medios materiales suficientes" para sufragar un arrendamiento.
Haber causado baja voluntaria en un trabajo por cuenta propia o ajena durante el último año será causa de exclusión del programa; como haber renunciado o no haberse presentado a la ratificación de un empleo "sin causa justificada"; haber perdido de forma culpable un prestación pública o privada; no haber realizado un curso, o negarse a entrar en el plan de intervención social que se proponga.
A los solicitantes se les exigirá "acreditar una fuente regular, continuada y mensual de ingresos durante los últimos seis meses" pero que no supere 1,5 veces en el IPREM en el caso de familias de un solo miembro; dos veces en unidades de convivencia conformadas por de dos a cuatro personas; y 2,5 veces si son cinco o más integrantes.
