CEUTA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -
Los cargos públicos y funcionarios que figuran como investigados en las diligencias que durante tres años ha dirigido una juez de Ceuta alrededor de la posible existencia de un trama dedicada a adjudicar irregularmente, incluso por dinero, viviendas de protección oficial en la ciudad autónoma, han recurrido en vía de reforma o de apelación ante la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz el auto de procedimiento abreviado que puso fin a la instrucción alegando que es "inconsistente", que se basa en "rumores" y que no concreta la comisión de los hechos que sustentarían la imputación de presuntos delitos de malversación, prevaricación, falsedad documental, cohecho y hasta integración en organización criminal que se les atribuyen.
El presunto "cabecilla" de esa supuesta red, el ex diputado autonómico del PP, ex viceconsejero del Ejecutivo regional y ex gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvicesa), Antonio López, alerta en su recurso, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso Europa Press, de que la instrucción se ha cerrado sin "una mínima concreción de hechos delictivos" e imputa a la jueza una "auto-atribución irregular" de la causa.
"El auto refiere de manera genérica supuestas prácticas pero no identifica un solo supuesto en que una vivienda se haya atribuido a una persona de modo injusto o arbitrario. Tampoco señala --resume su defensa, que pide el archivo de la causa-- un solo caso del supuesto inverso: que se haya denegado una vivienda a quien legalmente le correspondiera".
Además, apostilla que "ni dice a quién 'coló' ni [...] relaciona esos actos con las personas que dice que entregaron cantidades, ni con viviendas, ni con ausencia de derecho o incumplimiento de requisitos y cierra una investigación basada en rumores con una genérica e irrespetuosa descalificación profesional de empleados y funcionarios de Emvicesa".
Cuatro de los empleados de esa sociedad municipal investigados, a los que la juez ve como posibles autores de delitos continuados de falsedad documental, malversación, prevaricación y tráfico de influencias, han recurrido sobre la base de que "solo se les acusa de haber hecho un trabajo no conforme a las reglas administrativas de aplicación o de obediencia (debida) a su superior cuando ello, en ningún caso, es motivo de justificación de una imputación penal".
Las ex consejeras de Fomento y Asuntos Sociales del Gobierno local, Susana Román y Rabea Mohamed, investigadas como miembros de la Comisión Local de la Vivienda y, en el segundo caso, por la aparición de un familiar como adjudicatario de una VPO, han incidido en sus recursos en que "tanto la Policía como el Ministerio Fiscal y ahora la juez instructora" han caído en el "error" de considerar de aplicación en la adjudicación de una promoción de 170 casas pagadas por el Estado una Ordenanza de 2006 que, a su juicio, no rige.
El actual portavoz del segundo grupo de la oposición en la Asamblea, Mohamed Ali (Caballas), señalado también por presuntos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias, replica parte de esos argumentos en el recurso con el que también reclama el sobreseimiento del caso para su persona porque "ni hay sustracción de caudales o efectos públicos, ni participación del recurrente en su disposición ni, mucho menos, ánimo lucrativo alguno".
A juicio de la magistrada instructora de las diligencias practicadas desde 2015 "se ha sabido" que el que fuera gerente de Emvicesa y otros investigados denominados "captadores" formaban "una organización criminal" a través de la cual López "entregó (que se haya podido acreditar) viviendas de una promoción y lo intentó en otra (quedó frustrado por su cese) previo pago de precio" por parte de particulares. La jueza señala que "dicho precio lo pagaban a los captadores, que cuando tenían a un particular interesado lo ponían en conocimiento del cabecilla, quien, por su cargo, lograba que ingresaran en la lista de adjudicatarios" sin que los políticos de la Comisión Local hiciesen "nada" por impedirlo.
