MELILLA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -
El secretario general del PP de Melilla y presidente de la Autoridad Portuaria, Miguel Marín, ha denunciado este lunes, tras conocerse que ha sido absuelto de un delito de prevaricación por el que la Fiscalía y acusación particular pedían diez años de inhabilitación, los "ataques furibundos" que ha recibido estos años de la oposición, con "argumentos miserables y falacias que han mantenido todos estos años los partidos de la oposición y que se han visto fulminados por esta sentencia judicial y absolutoria".
En rueda de prensa, tras recibir la notificación de la sentencia absolutoria por el denominado 'Caso Arquitectos', el 'número dos' de los populares melillenses ha expresado este lunes públicamente su agradecimiento a familiares y amigos, así como al presidente de la Ciudad Autónoma Juan José Imbroda y a todos los afiliados de su formación política, que durante el proceso judicial le han mostrado su apoyo.
El popular ha señalado que "todo el apoyo recibido ha servido de estímulo para mostrar la verdad, como así ha quedado demostrado, y para seguir trabajando incansablemente por Melilla y los melillenses".
Marín, quien ha considerado que "en política es muy importante sentir el apoyo de los compañeros y afiliados del partido", ha asegurado "haber notado ese respaldo, y no solo del partido, sino también del Gobierno local".
En este sentido, ha destacado especialmente el apoyo recibido por el presidente de la Ciudad Autónoma y del PP de Melilla, Juan José Imbroda que, como ha afirmado, "a pesar de la presión soportada, a lo largo de todos estos años ha dado muestras de confianza plena y continuo apoyo hacia mi persona, manteniéndome en primer lugar como vicepresidente de su Gobierno durante años, y posteriormente con el nombramiento de presidente de la Autoridad Portuaria y la designación como secretario general del PP de Melilla".
En este mismo capítulo de agradecimientos, Marín no ha dejado pasar por alto su agradecimiento por el apoyo recibido de "muchos y buenos amigos", confesando además, "sentirse una persona afortunada por todo el apoyo recibido, incluso el de cientos de melillenses que no conocía personalmente".
ATAQUES FURIBUNDOS
En relación a la sentencia que absuelve, el secretario general del PP de Melilla ha mostrado su gran satisfacción por la resolución judicial. "Doble satisfacción, en primer lugar por el fallo de la sentencia, y en segundo lugar por el propio contenido de la misma, una sentencia que contiene unos demoledores fundamentos jurídicos que trituran las falacias de la oposición y dejan en evidencia sus burdas mentiras", ha dicho.
En este punto, ha recordado los "ataques furibundos" de los partidos de la oposición, que "durante años e insistentemente sin reparo alguno, pedían mi cese y dimisión de una forma totalmente antidemocrática y miserable, desoyendo además, otras resoluciones judiciales que han negado el delito de prevaricación".
En clara referencia a los partidos de la oposición, Miguel Marin ha subrayado que "al final el tiempo pone a cada uno en su lugar", ya que para el popular, "el proceso judicial ha estado politizado, como lo demuestra el hecho de que la vista oral comenzara sin acusación particular, únicamente con la acusación popular integrada por el Partido Socialista personificado en Dionisio Muñoz, exsecretario general, y Coalición por Melilla (CPM, principal partido de la oposición en la Asamblea melillense)". "Los argumentos miserables y falacias que han mantenido todos estos años, se han visto fulminados por esta sentencia judicial y absolutoria", ha añadido.
Asimismo, el dirigente popular se ha mostrado sorprendido y de forma desagradable por la actitud de Ciudadanos, dado que "omitieron todos los fallos judiciales que negaban la prevaricación", además de calificar que "Ciudadanos aparece a nivel nacional erigiéndose como un partido que vela por la pulcritud de la democracia y no se sabe cuantos valores más, valores que parece haber sido descubiertos por ellos, cuando la democracia lleva instaurada en España hace muchos años".
Por último, ha reiterado "la posición curiosa" de Ciudadanos, que según Marín, "en Melilla se ha convertido en un partido títere echándose en los brazos de CPM y del Partido Socialista, mantenido su solicitud de acusación y cese durante estos años". "Ciudadanos hace lo que dice Mustafá Aberchan (presidente de CPM), buena prueba de ello, son los análisis de la Comisiones y Plenos de la Asamblea de la Ciudad", ha concluido.
LA SENTENCIA
El Juzgado de lo Penal número 1 de Melilla ha absuelto del delito de prevaricación administrativa al secretario general del PP de Melilla y presidente de la Autoridad Portuaria de Melilla, Miguel Marín, tras haber sido denunciado por la contratación de un arquitecto en su etapa como consejero de Administraciones Públicas, según la sentencia a la que ha tenido acceso este viernes Europa Press.
El tribunal ha rechazado así la petición de ocho años de inhabilitación especial que había formulado la Fiscalía y los diez años de inhabilitación para empleo o cargo público que reclamaba la acusación popular, formada por Manos Limpias, el partido Coalición por Melilla (CPM) y ex secretario general del PSOE melillense, Dionisio Muñoz, que consideraban irregular la contratación de un arquitecto por la Ciudad Autónoma de Melilla dado que continuó trabajando para la administración a pesar de la reincorporación del trabajador al que venía sustituyendo en virtud de un anterior contrato de interinidad por sustitución.
La sentencia, contra la que las partes pueden interponer recurso ante la Audiencia Provincial en el plazo de diez días a contar desde el 20 de abril, recoge en los hechos probados que "ningún hecho de trascendencia delictiva ha quedado acreditado" en el modo de proceder del actual número dos del PP melillense en su etapa de consejero de Administraciones Públicas.
El llamado 'Caso Arquitectos' se remonta a la época de Miguel Marín como consejero de Administraciones Públicas, en el año 2007, cuando su área contrató a un arquitecto con una oferta genérica al Servicio Público de Empleo (antiguo INEM).
Según la Fiscalía, se habría producido una presunta prevaricación administrativa al "incumplir la normativa" laboral en la contratación al entender que se debió convocar un concurso público.
