CEUTA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -
Los 470 trabajadores de Trace, la adjudicataria desde 2013 del servicio de limpieza pública viaria y recogida de residuos sólidos urbanos en Ceuta, han dejado de trabajar desde la medianoche de este martes para exigir el cobro de las nóminas de junio, que debería haberse hecho efectivo como muy tarde este lunes y que solo una parte de los afectados ha percibido. La ciudad ha amanecido con los contenedores ubicados en la vía pública atestados de basura.
El secretario del comité de empresa de la concesionaria, el también diputado autonómico socialista Juan Gutiérrez (UGT), ha asegurado que "ningún" trabajador volverá a salir a la calle hasta que "todos" los integrantes de la plantilla de la mayor compañía privada por número de asalariados de la ciudad hayan cobrado sus retribuciones de junio.
"Igual que trabajamos duro día a día para que la ciudad esté limpia queremos que los pagos se hagan en tiempo y forma porque es muy triste levantarse y ver decenas de mensajes de compañeros en el teléfono explicando que no tenían saldo en sus cuentas para hacer frente al recibo de la hipoteca o que tienen que retrasar su salida de vacaciones", ha expuesto Gutiérrez en declaraciones a los periodistas.
Trace ha alegado ante los sindicatos que la Administración autonómica le debe "cinco millones de euros", el equivalente a las certificaciones de abril, mayo y junio, y que con las detracciones practicadas por supuestos incumplimientos durante los dos últimos años por una cantidad similar "ha agotado" el margen de maniobra en descubierto de su póliza de seguro.
Los retrasos puntuales en el pago de los sueldos se vienen reproduciendo desde hace más de un año y en diciembre pasado ya desembocaron en otro paro de unas horas de duración, entonces a cuenta del cobro de la extraordinaria de fin de año.
El Gobierno de Ceuta que preside Juan Vivas (PP), que según el comité de empresa de Trace pagó este lunes por la tarde la factura del servicio de abril, trabaja desde finales del año pasado en una solución "negociada" para romper su contrato con esta empresa, a la que paga 17,5 millones de euros al año.
