CEUTA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Gobierno de Ceuta y del PP regional, Juan Vivas, se ha mostrado este viernes "plenamente convencido" de que las secretarias generales de su partido y de la Administración autonómica, Yolanda Bel y María Dolores Pastilla, citadas a declarar como investigadas por un presunto delito de prevaricación en una causa que trata de esclarecer indicios de corrupción en la gestión del depósito judicial de vehículos local, son "inocentes" y "actuaron de buena fe".
En declaraciones a los medios, el presidente ha explicado que es "absolutamente respetuoso" con las decisiones judiciales y que "las acatamos" pero ha añadido que "estoy plenamente convencido de la inocencia de esas dos personas y de que han actuado de buena fe".
Bel, que desde el año pasado forma parte del Comité Ejecutivo y la Junta Directiva Nacional del PP como secretaria de Mujer, fue consejera de distintas áreas del Gobierno de Ceuta entre 2003 y 2015. Durante su etapa al frente de Gobernación firmó un decreto que tenía como fedataria a Pastilla para propiciar la salida de Ceuta y posterior destrucción de cientos de vehículos.
Las denuncias de algunas personas involucradas en procesos judiciales que, al intentar recuperar sus automóviles intervenidos, no pudieron dar con ellos, dio pie a la apertura de una investigación de la Guardia Civil que explotó ante la opinión pública en octubre, cuando la Unidad de Policía Judicial detuvo en Sevilla a un funcionario del Ministerio de Justicia, O.M., que ha permanecido en prisión provisional hasta la semana pasada, cuando la Audiencia Provincial de Cádiz aceptó su puesta en libertad sin pasaporte y con obligación de comparecer los lunes y los jueves en sede judicial.
Tras el reciente levantamiento del secreto de sumario, las pesquisas tratan de esclarecer si, como apuntan "las declaraciones de un coinvestigado, testigos y a la documentación aportada por la Guardia Civil", el referido funcionario recibió "en dos ocasiones" 3.000 euros desde una de las empresas depositarias de los automóviles. También se intenta dilucidar si ese dinero era sólo para el investigado o lo repartía con terceras personas.
La Guardia Civil tomó declaración como detenido a finales de octubre al entonces gerente de la Empresa Municipal de Aparcamientos y Gestión Vial de Ceuta (Amgevicesa), que tres días después dimitió de su cargo "habida cuenta de su situación como investigado y con base en razones de coherencia personal".
Colapsado, el depósito municipal de vehículos dejó de ser en 2012 el destino de los coches requisados por orden judicial y las administraciones aceleraron el traslado para su supuesta destrucción de los vehículos. El primer expediente se completó con éxito pero en el segundo se registraron denuncias de propietarios que, al terminar sus causas judiciales, no pudieron recuperar sus vehículos.
En 2015, la Administración de Justicia detectó presuntas irregularidades en la gestión del depósito al constatar que en Ceuta se presentaban "sistemáticamente" facturas por distintos depositarios para su pago, "hubieran sido o no intervenidos judicialmente los vehículos a que hacían referencia".
En una instrucción alertó de que "la mayoría de los vehículos que estaban depositados no estaban intervenidos judicialmente y paralelamente en muchos casos los depositarios presentaban de forma extemporánea sus facturas", con lo que "la actitud de unos y otros generaba unos costes de depósito inasumibles para cualquier gestor público que actuase con un mínimo de responsabilidad por la gestión".
