CEUTA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
El secretario general del PSOE de Ceuta, Manuel Hernández, ha "exigido" al presidente de Ceuta, Juan Vivas (PP), que asuma "responsabilidades políticas" por el "muy grave escándalo" que a su juicio supone el auto que mantiene como investigados una vez concluida la instrucción judicial sobre una presunta trama de adjudicación irregular de VPO en la ciudad a cuatro ex diputados del PP en la Asamblea autonómica que también ocuparon cargos institucionales y orgánicos en el Ejecutivo autonómico y el partido.
"La responsabilidad política de los cargos del PP resulta manifiesta e innegable", ha alertado el líder socialista pese a que "todavía no hay sentencia de nada", según ha reconocido este miércoles en declaraciones a los medios en las que ha "agradecido" a la Justicia "el trabajo realizado".
El auto de procedimiento abreviado del 'caso Emvicesa' ha cerrado su instrucción, abierta hace más de tres años, con 60 investigados por múltiples delitos. Al ex diputado autonómico del PP Antonio López, que fue gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda de Ceuta y viceconsejero, se le imputan delitos continuados de cohecho, organización criminal, falsedad documental, malversación de caudal público, prevaricación y blanqueo de capitales como "cabecilla y máximo responsable" de una trama dedicada a adjudicar VPO irregularmente o a cambio de dinero.
Como investigado por tráfico de influencias aparece también el ex gerente del PP de Ceuta, Jesús María González Barceló, al que Vivas cesó como asesor tras conocerse sus conversaciones telefónicas con López sobre viviendas. A las ex consejeras de Asuntos Sociales y de Fomento, Rabea Mohamed y Susana Román, se les atribuyen presuntos delitos continuados de malversación de caudal público y prevaricación administrativa a los que la primera suma de tráfico de influencias (por el acceso de un familiar consiguiese una vivienda pública) y la segunda de falsedad documental.
CS VE "INADECUADO" TENER UN DIPUTADO INVESTIGADO
El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Javier Varga, ha señalado en rueda de prensa que el Gobierno local del PP "es responsable del desorden absoluto en las viviendas de protección oficial" pese a que "se descargó" tras aceptar las dimisiones de las consejeras que fueron detenidas mientras formaban parte del Ejecutivo. Además, ha señalado que el resto de grupos de la oposición también "dejaron hacer".
El diputado de la formación naranja ha avanzado que pedirá la "dimisión" del portavoz del segundo grupo de la oposición en la Asamblea, Mohamed Ali (Caballas), en cuanto la Fiscalía formalice escrito de acusación y calificación, ya que no ve "adecuado" que alguien comparta escaño y "banquillo".
En declaraciones a los medios, Ali ha adelantado que recurrirá ante la Audiencia Provincial el auto del Juzgado de Instrucción y que no dejará ni su escaño ni su cargo al frente de Caballas, formación localista cuya lista presumiblemente liderará en las elecciones autonómicas de 2019.
Su compañero de bancada, Juan Luis Aróstegui, ha recordado que "fuimos nosotros quienes, en 2015, instamos al Gobierno a denunciar la publicación de una 'lista fantasma' de adjudicatarios de VPO" y ha dejado claro que la coalición mantiene su "convicción sobre la absoluta honradez y rectitud de Ali en todos sus comportamientos".
