MELILLA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -
El instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa) --organismo público dependiente del Ministerio de Sanidad--, Policía Nacional y agentes sociales como sindicatos y colegio médico han analizado las medidas para evitar agresiones en los centros sanitarios dado el elevado número de agresiones a personal sanitario que se produce en Melilla.
Un portavoz de Ingesa ha explicado que representantes de diversas instituciones se han reunido con Omar Haouari por primera vez desde que accedió al cargo como director territorial del Ingesa, para abordar esta cuestión que, según denuncian los sindicatos médicos, afecta al personal sanitario melillense de manera creciente en estos últimos años.
En este encuentro de carácter plenario, además de Omar Haouari, también han participado el comisario José Manuel Gámez Castellanos, jefe Regional de Operaciones y segundo jefe de la Jefatura Superior de Policía, responsables del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, representantes de los seis sindicatos que conforman la Junta de Personal del Área Sanitaria, así como de los colegios Médico y de Farmacia. También participaron representantes de la empresa privada de ámbito sanitario.
Abrió el turno de intervenciones el inspector José Ramón Díaz quien conoce todos los casos y denuncias que se han producido este año, así como las medidas que se han adoptado al respecto. En su intervención ha mostrado interés por conocer las inquietudes de los presentes.
A continuación, el director territorial del Ingesa ha recordado la publicación en el Boletín Oficial del Estado del protocolo sobre agresiones y anunció que se trabaja en su desarrollo para implantarlo en el Área de Salud. También ha informado de que se han unificado en un sólo registro oficial, dependiente del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, todos los datos sobre casos relacionados con las agresiones.
En varias intervenciones los representantes sindicales han manifestado que les suele faltar información inmediata cuando se producen las agresiones, así como han demandado que en las reuniones del comité de Salud Laboral se analicen los casos que se produzcan, así como las situaciones de riesgo. Sobre estas solicitudes la gerente del Área Sanitaria, Antonia Vázquez de la Villa, ha dicho que así se hará en el futuro.
Seguidamente, en diversas intervenciones, se analizaron aspectos de la vigilancia de los centros y el papel que tienen que desempeñar los vigilantes, así como los problemas de comunicación que existen en diferentes barrios especialmente cuando prestan servicio las ambulancias o cuando sanitarios realizan visitas domiciliarias.
PREOCUPACIÓN POR URGENCIAS
Especial atención se ha realizado sobre las situaciones que se producen de forma frecuente en el Servicio de Urgencias y el número de amenazas que, después, no suelen ser denunciadas o registradas.
Sobre este último aspecto, la falta de constancia de las incidencias, el comisario Gámez Castellanos ha recordado que con el objetivo de agilizar y facilitar el que todos los casos sean denunciados ha ofrecido la posibilidad de que, en los casos de agresiones, los funcionarios policiales efectúen la toma de datos "in situ"; pero, ha puntualizado, "la denuncia siempre se debe formalizar en la Comisaría".
Hubo consenso sobre la inmediatez que existe en la actualidad para el trámite de las denuncias pero, en muchas ocasiones, las amenazas no son registradas. Por ello los representantes policiales han insistido en que, cuando se produzcan, se debe llamar a la Policía para que funcionarios de una dotación policial tomen los datos de quien pronuncie la amenaza, hecho que siempre queda registrado y que, posteriormente, puede ser utilizado en un informe si hay caso judicial.
En este ámbito del Servicios de Urgencias, donde se producen situaciones de desesperación por parte de los familiares de los pacientes, el director territorial ha comentado que se estudia la posibilidad de que las relaciones con estos familiares la efectúe un profesional de la mediación, que sea quien informe de la situación del paciente, y así evitar la carga que tienen en la actualidad los profesionales sanitarios del servicio.
Por último, el comisario Gámez Castellanos ha insistido en que las denuncias se pueden rubricar en 24 horas y que, gracias a las medidas adoptadas y a la figura del interlocutor policial sanitario, el tiempo empleado es mínimo y se suele adaptar a las necesidades horarias de los profesionales sanitarios.
