CEUTA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -
Los cerca de cien migrantes de origen sirio que el sábado cumplirán dos meses acampados en Ceuta han alegado al expediente administrativo que les ha abierto el Ejecutivo local que su movilización no tiene vocación de "asentamiento" ni de mantenerse "más tiempo que el necesario para que la Delegación del Gobierno dicte las órdenes que nos permitan ingresar en la Península".
Asesorados por el Servicio Jurídico de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), los migrantes han presentado este miércoles el escrito con el que han respondido a las 117 notificaciones recibidas de la Policía Local como paso previo al desalojo del campamento.
Los sirios advierten de que "el levantamiento cautelar de las tiendas de campaña supondría una actuación que vulneraría los derechos de los [41] menores y, en consecuencia, resultaría contrario a la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, generando una situación de desprotección que habría que vincular a la actuación administrativa" del Gobierno autonómico que preside Juan Vivas (PP).
"El procedimiento sancionador que se inicia", según entienden los migrantes y la decena de ONG que les respaldan, "confronta con el legítimo ejercicio del derecho de reunión política que consagra la Constitución" porque "la permanencia en la Plaza de los Reyes tiene un fundamento de reivindicación frente a la actuación administrativa por el excesivo retraso en la tramitación de las autorizaciones para el ingreso en la Península de los sirios que permanecemos en Ceuta".
Desde su punto de vista, "sancionar" la acampada "supondría la limitación efectiva del derecho de reunión y de crítica que los ciudadanos poseen en relación con la actuación de los poderes públicos, más aún cuando se trata de una actuación que les incumbe personalmente y no afecta al tránsito de personas ni a la seguridad pública".
Las alegaciones, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso Europa Press, insisten en que la oferta de pernoctar en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) en el que permanecían acogidos desde que llegaron a la ciudad hasta el 5 de mayo "vulnera el ejercicio de los derechos derivados de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados".
Los sirios denuncian que esa infraestructura "no reúne las condiciones mínimas para la permanencia de familias completas con un mínimo de dignidad".
Los movilizados, entre los que se encuentran ancianas de 84 años y bebés de tres semanas con entre 10 y 4 meses en Ceuta, reclaman "la resolución por parte de la Delegación del Gobierno de los expedientes correspondientes para entrar en la Península con la condición de refugiados que huimos de un conflicto de enorme magnitud como el que asola a nuestro país".
Tanto la representación de la Administración General del Estado en Ceuta como el Ejecutivo local han venido sosteniendo durante los dos últimos meses que el campamento "vulnera" las Ordenanzas municipales y que las medidas de "presión" no alterarán los tiempos de la tramitación administrativa de los expedientes.
Según los sirios hasta la fecha solamente se ha resuelto "un caso" y el colectivo rechaza la oferta de regresar al CETI para ir siendo derivado al otro lado del Estrecho como inmigrantes irregulares pero no como solicitantes de protección internacional, algo que apenas una veintena ha solicitado formalmente por temor a que tal petición demorase aún más las tareas burocráticas, como suele suceder en Ceuta y Melilla.
