17 de enero de 2021
2 de diciembre de 2020

La Abogacía cuestiona el decreto de teletrabajo para funcionarios de la Generalitat y cree que puede ser discriminatorio

La Abogacía cuestiona el decreto de teletrabajo para funcionarios de la Generalitat y cree que puede ser discriminatorio
Gabriela Bravo en imagen de archivo en una intervención en Les Corts - CORTS/INMA CABALLER - ARCHIVO

VALÈNCIA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Abogacía General de la Generalitat ha emitido un informe en el que cuestiona el proyecto de Decreto de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública por el que se regula el teletrabajo para los funcionarios del Gobierno autonómico, y advierte, en alguna de sus consideraciones, de que puede ser "discriminatorio" en el acceso a esta modalidad.

Así lo señala el documento, consultado por Europa Press, en el que se pronuncia sobre el proyecto de decreto por el que se regula el teletrabajo y, en situaciones de crisis, otras modalidades no presenciales de prestación de servicios del personal empleado público de la Administración de la Generalitat.

Según la Abogacía, de acuerdo con el marco legal existente, el Reglamento que desarrolle la posibilidad de teletrabajo "podrá condicionar su concesión al hecho de que todas las funciones del emplaado público concreto deban de ser presenciales, o cuando existan razones de servicio debidamente justificadas que impidan que la prestación se realice a distancia".

En este caso, el teletrabajo "puede combinarse con la modalidad presencial para conjugar situaciones en las que cometidos de presencia obligatoria se integren con funciones de posible ejecución fuera del centro administrativo". Sin embargo, entiende que en el proyecto de Decreto remitido, "no parece que puedan imponerse restricciones al teletrabajo al margen de las previstas por la Ley, de modo que se dificulte su aplicación práctica por motivos que no sean la incompatibilidad de las funciones del puesto con el trabajo a distancia y las necesidades del servicio debidamente justificadas".

En su informe, la Abogacía concluye que los límites que se impongan al teletrabajo "no podrán ser absolutos y deberán concretar las previsiones legales que permiten condicionarlo cuando todas las funciones del puesto sean incompatibles con su realización a domicilio y las necesidades del servicio requieran presencialidad".

Asimismo, sostiene que, con la actual redacción del Decreto, "se hurta a cada funcionario la opción de teletrabajar, que ya no dependerá de los requisitos legalmente prescritos como son sus funciones y las necesidades del servicio" y somete al Derecho "a una condición suspensiva que lo restringe de forma absoluta", al depender su autorización "de un paso intermedio insuperable, como es la voluntad del titular de cada subsecretaría".

La Abogacía cuestiona que el titular de las subsecretarías puede no articular el requisito previo del programa de formación para acceder al teletrabajo, "lo cual comporta el establecimiento de un límite no amparado legalmente y totalmente desproporcionado".

En esta misma línea, considera que el proyecto "establece una discriminación clara" para el acceso a esta modalidad, como es la existencia de ese programa de teletrabajo, cuya falta o no "puede considerarse como un supuesto habilitante que permita establecer discriminaciones positivas" y alerta de que puede derivar en que funcionarios del mismo cuerpo y escala y con idénticas funciones, pero destinados en diferentes departamentos, "puedan ser tratados de forma discriminatoria por el simple hecho de que su subsecretaria no haya presentado un plan de teletrabajo".

La Abogacía señala otras consideraciones como que el curso de formación previa podrá ser obligatorio, pero no podrá impedir de modo absoluto el acceso al teletrabajo y que en el caso de los puestos que estén clasificados con nivel 30 "podrá limitarse con carácter general, pero dejando abierta la posibilidad de que si las funciones son compatibles y así se justifica, pueda acordarse la modalidad de trabajo a distancia".

Sin perjuicio del teletrabajo por programas, la Abogacía apunta que debería desarrollarse reglamentariamente una autorización individual para los casos en que las funciones del puesto y las necesidades del servicio lo permitan y que las competencias deberían acompasarse con las establecidas en la Ley del Consell y en la Ley 10/2010.

Asimismo, entiende que el Capítulo III --que prevé la posibilidad de un trabajo a domicilio, distinto del teletrabajo, para situaciones de crisis en las que esté en riesgo la salud y la integridad de los empleados públicos-- "debería de reconducirse a una modalidad de teletrabajo por causas de fuerza mayor o suceso imprevisible que permita cubrir la práctica totalidad de las situaciones en la que es necesario continuar prestando las funciones desde casa".

INFORME NO VINCULANTE

Fuentes de la Conselleria de Justicia han subrayado a Europa Press que el informe de la Abogacía no es vinculante y que los servicios jurídicos de la Dirección General de Función Pública responderán jurídicamente a todos los puntos señalado por este organismo, entre otros, porque considera que se trata de derecho fundamental o esencial del empleado público, cuando en el decreto, al igual que el resto de normativa autonómica, estatal y europea, lo contempla como una "modalidad" de trabajo.

En esta línea, señalan que elaborarán un informe para responder jurídicamente al documento de la Abogacía, que sostienen que recoge aspectos jurídicos pero también valoraciones y recuerdan que deberá pasar posteriormente al Consell Jurídic Consultiu.