Alarte asegura que faltan 576 millones para hacer realidad las "promesas incumplidas" del PPCV en servicios sociales

Actualizado: sábado, 7 noviembre 2009 16:02

Denuncia que Camps "deja en la estacada" a 100.000 valencianos a los que "le niega su derecho a la Ley de Dependencia"

VALENCIA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, aseguró hoy que faltan un total de 576 millones de euros en la Comunitat Valenciana para hacer realidad las "promesas incumplidas" de la Generalitat y del PPCV en materia de servicios sociales.

Así, se refirió a algunas de las áreas con las que el PP tiene una "deuda" como las referentes a la renta de emancipación, la renta mínima de inserción, las ayudas por nacimientos, la protección a madres e hijos menores de tres años y las certificaciones por minusvalía, así como a los "retrasos" en la aplicación de la Ley de Dependencia.

Alarte, que compareció hoy en rueda de prensa para presentar el informe 'El bienestar social que nos niegan', criticó que, según un informe del Consejo Económico y Social, la Comunitat Valenciana invierte en políticas sociales 30 euros al mes, una cifra que asciende hasta los 321 euros al mes en el conjunto de España.

Del mismo modo, lamentó que los Presupuestos de la Generalitat para 2010 "sólo dedican el 3,92 por ciento a políticas de bienestar social", un porcentaje "inferior" al del resto de comunidades autónomas. "Camps es el peor entre los peores", apostilló.

Asimismo, el dirigente socialista comparó el porcentaje de reconocimiento de personas dependientes en toda España, que alcanza el 11 por ciento, y el de la Comunitat Valenciana, donde se sitúa en el 4 por ciento.

En este sentido, criticó que el presidente de la Generalitat y del PPCV, Francisco Camps, "deja en la estacada y abandonados a los más débiles" como, según dijo, es el caso de los 100.000 valencianos a los que Camps "niega su derecho a la Ley de Dependencia".

Además, subrayó que existen 70.000 dependientes en la Comunitat que "ni siquiera han formulado la solicitud" para beneficiarse de las ayudas contempladas en la ley; 30.000 personas que no han recibido respuesta a su solicitud; y 8.500 ciudadanos de la autonomía valenciana que "han muerto mientras esperaban ser reconocidos" como dependientes.

A juicio del dirigente socialista, estas cifras ponen de manifiesto que los servicios sociales del Ejecutivo valenciano, "por voluntad del presidente Camps, no quieren aplicar la Ley de Dependencia".

Así, criticó que al jefe del Consell "no le gusta que se enseñe la Constitución ni los Derechos Humanos en los colegios e institutos; no le gusta que le pregunten; no le gusta que los periodistas ejerzan su derecho a la información; no le gusta lo que dicen los líderes de la oposición, y no le gusta la Ley de Dependencia porque garantiza derechos a la gente".

COMPROMISO A GARANTIZAR LA APLICACIÓN DE LA LEY

Por ello, Alarte se comprometió a que "el nuevo Gobierno socialista de la Generalitat valenciana" que, según auguró, "saldrá de las urnas en las próximas elecciones", aprobará de forma "urgente e inmediata" un proyecto de ley para garantizar la aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunitat. De esta forma, antes de 30 días desde la constitución del nuevo Ejecutivo, "los 100.000 ciudadanos, a los que Camps abandona, verán reconocidos sus derechos".

Asimismo, aseguró que una de las primeras medidas que el PSPV llevará a cabo si accede a la Presidencia del Ejecutivo valenciano será modificar los Presupuestos de la Generalitat "para incluir los 576 millones de euros" para saldar "la deuda que tiene la Generalitat y el conjunto de la sociedad con los valencianos más débiles que están abandonados y despreciados".

Alarte consideró que Camps "debería haber aprovechado los momentos de bienestar y de avance económico para el desarrollo de políticas sociales, para generar recursos sociales, derechos y políticas de bienestar para prepararnos para tiempos difíciles".

En opinión del secretario general de los socialistas valencianos, Camps "se tiene que ir para garantizar el futuro colectivo de la sociedad" ya que, según manifestó, "atender a los ciudadanos que están en la estacada no es sólo una cuestión de oportunidad política", sino también "de dignidad, de responsabilidad y de ejercicio de lo más básico".