28 de noviembre de 2020
30 de octubre de 2020

La Audiencia de Valencia requiere a 11 condenados por el saqueo de la depuradora de Pinedo que ingresen en prisión

La Audiencia de Valencia requiere a 11 condenados por el saqueo de la depuradora de Pinedo que ingresen en prisión
Acusados del caso Emarsa en el juicio (archivo) - EUROPA PRESS - ARCHIVO

La Sección Primera fija el 16 de noviembre como plazo máximo para que acudan voluntariamente a un centro penitenciario

VALÈNCIA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valencia ha requerido a 11 de los condenados por la pieza principal del llamado caso Emarsa --en el que se desviaron 23,5 millones de euros de dinero público a través de la gestión de la depuradora de Pinedo (Valencia)-- para que ingresen en prisión.

Se ha fijado el próximo 16 de noviembre como fecha límite para que acudan voluntariamente a un centro penitenciario, informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Entre los requeridos ahora para que ingresen en la cárcel figuran los principales condenados en la causa, como el expresidente y el exgerente de Emarsa, Esteban Cuesta.

Entre los considerados cabecillas de la trama están también Enrique Crespo, exvicepresidente 'popular' de la Diputación de Valencia, exalcalde de Manises y expresidente de Emarsa; y José Juan Morenilla, exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat (Epsar).

La Sala ha notificado personalmente estos mandamientos a los reos una vez recibida la sentencia de casación del Tribunal Supremo que ratifica la mayoría de las condenas impuestas en junio de 2018.

SISTEMA FRAUDULENTO DE FACTURACIÓN

La Sección Primera la Audiencia valenciana declaró entonces probado, recuerda el alto tribunal valenciano, el desvío de unos 23,5 millones de euros de dinero público de la empresa que gestionaba la depuradora de la pedanía valenciana de Pinedo mediante un sistema fraudulento de facturación.

La Sala condenó a 24 acusados a penas de entre nueve meses y 12 años y medio de prisión por delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación y falsedad.

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