CASTELLON, 9 May. (EUROPA PRESS) -
El concejal y secretario general de la Agrupación Local del PSPV de Castellón, Juli Domingo, pidió hoy en un comunicado la dimisión de la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Castellón, Carmen Amorós, "por emplear una terminología éticamente impresentable al referirse a la política de inmigración del Gobierno", al que, según dijo, "ha acusado poco menos que de genocida".
Domingo se refirió así a las manifestaciones que realizó hoy Carmen Amorós en una rueda de prensa, en la criticó el último proceso de regularización de extranjeros y demandó al Gobierno central que compense a los ayuntamientos por los gastos que están asumiendo en la atención a los inmigrantes.
Según Domingo, los términos que emplea la dirigente del PP "para intentar desacreditar" la política de inmigración del Gobierno "despeja todas las dudas sobre la credibilidad que merece la autora de las declaraciones" cuando afirma que "si fuese por el Gobierno central, tendríamos cadáveres por las calles", en referencia, apuntó, "a la supuesta falta de atención a los inmigrantes".
En opinión de Juli Domingo, esa cita "revela de forma clara la falta de escrúpulos y la miseria moral del PP cuando se trata de criticar al Gobierno, a costa de lo que sea", y, agregó, "representa un ataque a la dignidad de los extranjeros".
"Ello representa --manifestó el socialista-- tratar al Gobierno poco menos que de genocida, y merece un pronunciamiento de la Dirección Nacional del PP. Si ese es el tono que este partido va a emplear en el debate político, debe refrendarlo el PP nacional y el alcalde Fabra, y de lo contrario, deben exigir responsabilidades a su dirigente local de Castellón", añadió.
Domingo recordó que el pleno de Castellón aprobó en julio de 2005 una moción "por la que se obligaba a elaborar un plan municipal de integración de inmigrantes que a estas alturas está aún sin elaborar".
Según dijo, Carmen Amorós "no puede denunciar descoordinación en el proceso de normalización de extranjeros llevado a cabo el año pasado porque los servicios de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno organizaron con anterioridad al proceso jornadas informativas dirigidas a los ayuntamientos, a las ONG, a los sindicatos, a las organizaciones empresariales y a las asociaciones de inmigrantes", y aclaró que "todo el mundo ha alabado el proceso de normalización, excepto el Ayuntamiento de Castellón".
Domingo acusó al Ayuntamiento de Castellón de demostrar una "ineficacia" impropia de una institución y exhibir una "incompetencia extrema" por su "incapacidad" de proporcionar a los inmigrantes el certificado de empadronamiento, "a lo que por otra parte estaba obligado el ayuntamiento, como lo está ante cualquier ciudadano que exija un certificado".
"La falta de previsión del Ayuntamiento de Castellón fue flagrante, y la concejala de Servicios Sociales no puede alegar descoordinación, y la prueba es que ningún otro ayuntamiento tuvo problemas", subraryó.
CENTRO DE INMIGRANTES
Domingo recordó que la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat valenciana "lleva más de una legislatura prometiendo un Centro de Atención a Inmigrantes en la provincia de Castellón, la única que no cuenta con instalaciones de este tipo", por lo que, dijo, "de las deficiencias en la atención a los inmigrantes en Castellón la dirigente del PP debería pedir cuentas a la Generalitat y a su propio partido, por su incapacidad financiera y por las promesas incumplidas".
El secretario local del PSPV destacó que el Consejo de Ministros aprobó el 3 de marzo, a propuesta de ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, la distribución entre las comunidades autónomas de 182,4 millones de euros correspondientes al Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de Inmigrantes y Refuerzo Educativo.
"Por tanto, si el Ayuntamiento de Castellón no ha visto ni un euro" de los fondos para la atención e integración de los inmigrantes "debería preguntar a la Generalitat qué ha hecho con el dinero que se le asignó para esos fines", apuntó.
Por lo que se refiere al control de los inmigrantes irregulares, Domingo afirmó que el Gobierno tramitó en el primer año y medio de legislatura más 700 órdenes de expulsión de inmigrantes en la provincia de Castellón, "el doble que todas las que dictó el PP en la anterior legislatura".
Así mismo, significó que en lo que llevamos de 2006 se han dictado 444, "más de todas las que se tramitaron a lo largo del año pasado, cuando la cifra fue de 414, según fuentes oficiales".
En su opinión, el PP de Castellón "no puede presumir de buena gestión en lo referente a Extranjería", y criticó que en las dos legislaturas del PP, el área de Extranjería de Castellón "quedó sumida en el caos, las solicitudes se acumularon a miles sin resolver y las colas de inmigrantes en torno a las instituciones eran a diario kilométricas".
"Hoy --indicó-- los ciudadanos extranjeros reciben una atención digna de la Administración General en Castellón, se ha reforzado el área con más personal y más medios y está en obras la nueva oficina de Extranjería en la avenida Casalduch de Castellón, lo que supondrá la resolución definitiva de las deficiencias".
