El CGPJ tratará de cubrir mañana las tres vacantes de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo

Actualizado: martes, 17 octubre 2006 22:19

Se estudiará la propuesta de Requero de anular el acuerdo de que los jueces no puedan alegar objeción de conciencia en matrimonios gay

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene previsto votar mañana el nombramiento de magistrados de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo para cubrir las tres vacantes que se han producido desde el pasado mes de diciembre, por la jubilación de sus titulares, informaron fuentes del órgano de Gobierno de los jueces.

Los nombramientos de magistrados del Supremo y de presidentes de Tribunales Superiores de Justicia necesitan una mayoría de tres quintos del Pleno del Consejo, por lo que es difícil que estas vacantes se cubran ante la división existente entre los vocales de la mayoría conservadora y los de la minoría progresista.

Para sustituir a Pablo Cachón, la terna que estudiará el Consejo la componen los magistrados Juan Luis de la Rúa, actual presidente del TSJ de Valencia, María Luisa Segoviano, presidenta de la Sala de lo Social del TSJ de Castilla y León, y Angeles Vivas, magistrada de lo Social del TSJ catalán.

La terna propuesta para cubrir la vacante dejada por el magistrado Juan Francisco García Sánchez la forman: el presidente de la Sala de lo Social del TSJ navarro, Victoriano Cubero, y, respectivamente, las magistradas del TSJ de Andalucía y Cataluña Ana María Orellana y Rosa María Virolés.

Para la vacante dejada por Luis Ramón Martínez Garrido se proponen al ex vocal del CGPJ y miembro español de Eurojust Rubén Antonio Jiménez y los magistrados de lo Social del TSJ de Andalucía y Madrid, respectivamente, José Manuel López García de la Serrana y Miguel Angel Luelmo.

OBJECIÓN DE CONCIENCIA

Además, entre los asuntos que estudiará el Pleno figura la propuesta del vocal de la mayoría conservadora José Luis Requero de estimar parcialmente el recurso de alzada presentado por el juez de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Sagunto, Pablo de la Rubia, y anular el acuerdo de febrero de la Comisión Permanente que entendió que "los jueces y magistrados no pueden ejercer el derecho a la objeción de conciencia, al estar sometidos únicamente al imperio de la ley".

De la Rubia, titular de un Juzgado con funciones de Registro Civil, alegó su derecho a la objeción de conciencia que le permita la abstención en los expedientes matrimoniales entre personas del mismo sexo. La Comisión Permanente lo rechazó, pero Requero, al que ha correspondido por reparto informar sobre el recurso De la Rubia, entiende que se debe considerar, "conforme al contenido natural del derecho fundamental a la libertad religiosa, por razones de conciencia, proclamado en el artículo 16 de la Constitución, la negativa del recurrente a intervenir, por razones de conciencia, en la tramitación de expedientes matrimoniales".

Fuentes del Consejo señalaron a Europa Press que es difícil que la propuesta de Requero salga adelante, porque los de la minoría progresista, así como el independiente Agustín Azparren y el nombrado a propuesta de CiU, Alfons López Tena, previsiblemente la rechazarán. Además, es probable que no todos los de la mayoría conservadora compartan el criterio de Requero, porque en los recursos de alzada cada vocal vota en conciencia.

RATIFICAR NEGATIVA DE AMPARO

Por otra parte, el Pleno ratificará mañana el acuerdo alcanzado, por tres votos frente a dos, por la Comisión Permanente que la semana pasada rechazó conceder el amparo al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, a pesar de calificar de "desmesuradas y desorbitadas" las críticas recibidas por el magistrado.

El motivo por el que se rechazó la medida solicitada fue que Garzón ya no se encarga del caso por el que se produjeron las críticas: la imputación de un delito de falsedad a los tres peritos que realizaron los informes policiales que mencionaban el hallazgo de ácido bórico en la vivienda de uno de los procesados en el 11-M y en un piso franco de ETA.

Según explicó el portavoz del Consejo, Enrique López, es norma del órgano de Gobierno de los jueces no conceder un amparo cuando el juez que lo solicita ya no se encarga del caso, es decir, cuando ya ha dictado sentencia o cuando, como ha ocurrido con Garzón, se ha inhibido del conocimiento de los hechos que produjeron las críticas.

En contra de conceder el amparo votaron el presidente del CGPJ, Francisco José Hernando, Enrique López y el también vocal de la mayoría conservadora Carlos Ríos. A favor del amparo estaban los vocales de la minoría progresista Juan Carlos Campo y Luis Aguiar, quienes hace ya dos semanas intentaron en vano que el Consejo realizara una declaración en defensa de Garzón, pero fue rechazada por la mayoría.