VALNCIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Social número 13 de Valncia ha condenado al Ayuntamiento de la localidad valenciana de Burjassot por vulneración del derecho fundamental a participar en los asuntos públicos por no permitir que una trabajadora de la corporación que salió elegida concejala en las pasadas elecciones municipales pudiera mantener su puesto mediante una excedencia.
De esta forma, el magistrado estima la demanda interpuesta por una edil de Burjassot, quien, después de haber trabajado como monitora/controladora de las escuelas deportivas municipales mediante diversos contratos temporales pasó a ser --a través de una regularización llevada a cabo por el Ayuntamiento a instancias de la Inspección de Trabajo-- personal indefinido no fijo en marzo de 2017.
La demandante renunció a la indemnización económica por daños y perjuicios que pedía en un principio porque pretendía evidenciar que la pretensión no era el dinero, sino reivindicar el derecho a ser concejala sin perder la condición de empleada pública.
Según explica la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, en mayo de 2019, la demandante salió elegida concejala. Mediante un escrito presentado en junio, solicitó pasar a situación de excedencia forzosa desde la fecha de la toma de posesión. Sin embargo, se le notificó que, según el acuerdo del pleno basado en un informe del secretario, se declaraba causa de incompatibilidad en cuatro concejales, entre ellos esta edil electa por lo que debía optar, en el plazo de diez días, entre renunciar a su condición de concejala o abandonar el puesto de trabajo.
Una vez estudiados los argumentos de las partes, el juez concluye que "sí hay indicios de una conducta por parte del Ayuntamiento contraria al derecho de acceso a cargos públicos representativos, limitándose la defensa de la corporación a remitirse al informe del secretario sin más alegaciones ni actividad probatoria".
De hecho, apunta la sentencia que en dicho informe se alude a "unas resoluciones judiciales relativas a la excedencia voluntaria del personal indefinido no fijo e, incluso, se llega a afirmar que existe una jurisprudencia al respecto muy extensa sobre los indefinidos no fijos y la excedencia voluntaria por incompatibilidad pero que no se
han encontrado sentencias sobre excedencia forzosa para ejercer un cargo
electo para este personal".
Para resolver la cuestión, el magistrado cita normativa como la de Régimen Electoral General o el Estatuto de los Trabajadores que, "si bien no define con claridad lo que debe entenderse como cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo, es evidente que dentro de ese concepto se encuentra el de ser concejal del Ayuntamiento donde se prestan los servicios laborales y así se pronuncia la doctrina judicial".
Agrega la resolución que "la administración demandada no ha acreditado la existencia de causas suficientes, reales y serias, para justificar su conducta, por lo que, a la vista de los hechos que se declaran probados y de los razonamientos expresados en los
fundamentos precedentes y coincidiendo con el informe del ministerio fiscal, cabe concluir, que sí se ha producido la vulneración de los derechos fundamentales que se alegan".
NULIDAD RADICAL
En consecuencia, el fallo decreta que la conducta del Ayuntamiento de Burjassot constituye "una vulneración del derecho fundamental a participar en los asuntos públicos" por lo que ordena "la nulidad radical" de su actuación y lo condena a estar y pasar por esta declaración, al tiempo que avala el derecho de la concejala a permanecer en situación de excedencia forzosa mientras ocupe el cargo público.
La sentencia también recoge que la demandante renunció a la reclamación por daños y perjuicios que pedía en un principio, de 100.000 euros, porque, según explican a Europa Press fuentes conocedoras, el objetivo era hacer ver que la pretensión no era el dinero, sino reivindicar el derecho a ser concejala sin perder la condición de empleada pública.
