VALENCIA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -
El secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, Joaquín Martínez, criticó hoy que con el nuevo reparto de los fondos para la aplicación de la ley de la Dependencia "el Ministerio reducirá a 35 céntimos al día su aportación para los nuevos dependientes de la Comunitat Valenciana durante este año", una cifra "totalmente insuficiente" dado que "el coste de la atención a una persona dependiente de grado medio supera los 50 euros al día", dijo.
Martínez se pronunció así en un comunicado tras asistir hoy en Madrid al pleno del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en el que se anunció la cantidad que recibirá cada comunidad autónoma a través del convenio de financiación de la Ley de Dependencia, mediante una distribución que fue rechazada por la Comunitat Valenciana, Canarias, Castilla-León, Murcia y la Comunidad de Madrid.
En concreto, el responsable de Dependencia de la Comunitat aseguró que la dotación de 26,4 millones de euros que recibirá la región a través del convenio con el Ministerio "no cubre las expectativas", ya que "el coste previsto de la atención a la dependencia durante este año alcanzará los 345 millones de euros en la Comunitat Valenciana, de los cuales, el Ministerio, siendo optimistas, aportará el 7,5% con la aportación aprobada esta mañana, una cifra muy alejada del 50% establecido en la propia ley", criticó.
El secretario autonómico denunció que "el número de personas dependientes en la Comunitat Valenciana se ha incrementado en el último año en un 40%, mientras que el Ministerio sólo aporta un 5% más que el año pasado para todos estos nuevos dependientes, de modo que el resto del coste lo tendrá que asumir la Generalitat".
Asimismo, recalcó que "además de insuficiente, llega tarde". "El Gobierno central --prosiguió Martínez-- nos anuncia la cuantía para el año 2009 a mediados de abril y mientras tanto, somos las comunidades autónomas las que tenemos que asumir íntegramente el coste de la dependencia, teniendo que adelantar también lo que el Ministerio no pagará hasta finales de año", apostilló.
Hizo hincapié en la misma línea en que "una vez más, las Comunidades Autónomas y los propios usuarios vamos a tener que asumir el peso de la financiación de la atención a la dependencia, ya que el Gobierno de Zapatero ha vuelto a dar la espalda a este colectivo".
Por otra parte, Joaquín Martínez planteó "la necesidad de revisar el sistema de financiación de la dependencia dado que la propia Ministra, Trinidad Jiménez, ya ha reconocido expresamente que la Ley de Dependencia no está financiada suficientemente y que el Gobierno Central ha cometido "retrasos" en el pago de las ayudas".
Así, solicitó que la financiación de la Dependencia "sea trasladada al Consejo de Política Fiscal y Financiera, con el fin de que su dotación económica sea suficiente y sostenible en toda España".
EN DESACUERDO CON EL FONDO Y LA FORMA
Asimismo, destacó que el Gobierno valenciano "no" está "de acuerdo ni en el fondo ni en la forma de financiar la ley", puesto que, por un lado, "es totalmente insuficiente" y, por otro, "en el reparto del dinero no se tiene en cuenta si la ayuda que se da al dependiente es para un cuidador en el entorno familiar o es para un centro residencial o de día".
Insistió así en que la Generalitat "está totalmente en contra de este criterio, ya que el coste no es el mismo cuando se trata de una prestación para que el dependiente tenga un cuidador en su casa, o si se trata del servicio de atención de una persona dependiente en un centro residencial o de día".
De hecho, resaltó que este criterio "perjudica especialmente" a la Comunitat Valenciana dado que en la región "prima la atención en centros especializados y atendidos por profesionales, tal y como establece el artículo 14 de la Ley de Dependencia".
Por último, reiteró a Trinidad Jiménez la petición del vicepresidente Social de la Generalitat, Juan Cotino, de "mantener una reunión" con ella como nueva ministra de Sanidad y Política Social, tal y como le solicitó por escrito el pasado 8 de abril, con el fin de abordar las principales cuestiones en materia social que afectan a la Comunitat Valenciana.
