VALENCIA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -
La propuesta de dictamen de EU-Entesa para la comisión parlamentaria de investigación sobre el accidente del pasado 3 de julio en la línea 1 del metro de Valencia, en el que perdieron la vida 43 personas, considera "imprescindibles" las dimisiones del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y del conseller de Infraestructuras y Transporte, José Ramón García Antón, al tiempo que reclama la puesta en marcha de un plan integral de seguridad en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).
EU-Entesa pide, además, en su propuesta de conclusiones la instalación inmediata de balizas limitadoras de la velocidad en puntos conflictivos y que se inicie "lo más pronto posible" la transición hacia el sistema de frenado ATP, porque "sólo de esta manera la línea 1 tendrá unos niveles de seguridad comparables a los de la mayoría de líneas suburbanas de España".
También recomienda mejorar y prolongar la formación del personal de FGV en general y de los maquinistas en particular mediante un plan de formación y actualización permanente de todo el personal y unos planes de acceso que garanticen los adecuados conocimientos teóricos y prácticos".
Este grupo parlamentario considera que el accidente "se hubiera podido evitar" si FGV hubiese colocado balizas en las curvas con limitación de velocidad, "como se ha comprometido a hacerlo después del accidente del 3 de julio en el plazo de dos meses", y se hubiera implantado en la línea 1 el sistema de frenado ATP que existe en la línea 3 y "en la mayoría de líneas suburbanas de toda España".
En opinión de EU-Entesa, "una política de despreocupación sistemática por la seguridad ha sido la última responsable de que el 3 de julio se produjera el accidente más grave de toda España en trenes suburbanos", y "esto no es sólo una cuestión de una gerente y de un grupo de técnicos", sino que "afecta directamente" al Gobierno, que es el que toma "las grandes decisiones", y, por tanto, al conseller responsable y al propio presidente de la Generalitat.
La propuesta señala que "un accidente como el del 3 de julio en un país avanzado y democrático supone obligatoriamente la asunción de responsabilidades por parte de sus dirigentes" y en este sentido subraya que el conseller de Infraestructuras, José Ramón García Antón, "no puede continuar ni un día más en un cargo en el que ha demostrado que ha fallado", porque "su continuidad y la de su equipo es un lastre para la sociedad valenciana".
También destaca que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "continúa mudo en todo este proceso, incluso huyendo de sus responsabilidades de nombrar y mantener al conseller sin cesarlo", una postura que "supone que ha ligado su futuro al del conseller" y que "es tan responsable como él por lo que ha pasado". "O asume sus obligaciones y competencias o asume sus responsabilidades para mantener al conseller en su cargo", indica.
"MANIPULAR LA REALIDAD"
EU-Entesa estima que "obviar que un exceso de velocidad no implica de forma necesaria un error humano" y que la tecnología de seguridad ferroviaria dispone de técnicas para corregir el exceso de velocidad, "sea cual sea el motivo", supone "manipular de forma intencionada la realidad para evitar culpabilidades".
Asimismo, sostiene que en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, ha existido una "ausencia de cultura de seguridad" en los últimos años y "graves problemas" tanto en lo que se refiere a sistemas de seguridad, como en el mantenimiento de la señalización ferroviaria, la "priorización" del cumplimiento de los horarios ante la seguridad, la "falta de unidades móviles de reposición" y el "retraso" en la modernización de las vías de la línea 1.
EU-Entesa afirma también en sus conclusiones que, del análisis de los accidentes de 2000 a 2002 y de las inversiones en FGV, y de las "desviaciones" de los recursos procedentes del Estado para esta empresa a otros menesteres, se deduce que el transporte público ferroviario "no ha sido una prioridad" para el PP.
La propuesta de dictamen señala que la seguridad ferroviaria "debe tener una prioridad comparable al menos a la que permitió al presidente del Consell" afirmar que, para la visita del Papa, se iba a destinar "lo que haga falta", y argumenta que "con una octava parte de este dinero, se podían haber puesto todas las balizas que hubieran evitado el accidente".
