Critica que una campaña ha hecho que "inversiones se hayan dejado de realizar" y que "miles de puestos de trabajo no se hayan creado"
VALENCIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente tercero de la Generalitat y conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, ha exigido este jueves "responsabilidades" a los diputados autonómicos y nacionales que han ido "en contra de las decisiones urbanísticas valencianas". Asimismo, ha considerado que "es hora" de que "rectifiquen" quienes "han hablado mal de la Comunitat".
Cotino ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa en la que ha comparecido acompañado de la secretaria autonómica de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Maria Ángeles Ureña, y el secretario autonómico de Relaciones con el Estado y la Unión Europea, Rafael Ripoll, para valorar el dictamen del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), Niilo Jääskinen, en el que avala la Ley Urbanística Valenciana (LUV).
Al respecto, el vicepresidente ha destacado que este dictamen "avala que la política urbanística de la Generalitat ha sido la adecuada para dar un impulso a la Comunitat para siga siendo fuente de inversiones de españoles y extranjeros". Del mismo modo, ha indicado que las conclusiones del abogado general suponen "un paso favor del reino de España y del conjunto de cosas que se están haciendo bien, entre ellas, en la Comunitat".
Juan Cotino ha explicado que el Gobierno valenciano "desde el primer momento, afirmó y reiteró que la LUV se ajustaba a derecho" y ha añadido que, en los últimos años, tanto el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, como los diferentes consellers que han ostentado la cartera de Urbanismo, que además de Cotino han sido Rafael Blasco, Esteban González Pons y José Ramón García Antón, "han dedicado todos sus esfuerzos a trabajar por la Comunitat y a crear puestos de trabajo".
Sin embargo, ha lamentado que, mientras tanto, los socialistas "se han dedicado a denigrar y a sabotear todos los proyectos en nuestra tierra". "El PSPV, Esquerra Unida y Compromís solo se han dedicado a perjudicar la imagen y el futuro de la Comunitat", ha criticado el conseller, quien ha denunciado que, de este modo, han causado "un gran daño a nuestra tierra, por la inversiones que se han dejado de realizar y por los miles y miles de puestos de trabajo que no se han creado", ha puntualizado.
Por ello, en opinión del vicepresidente valenciano, "ha llegado el momento" de que quienes "han habado mal" de la Comunitat "reparen el daño que han hecho a esas personas que podían haber encontrado un puesto de trabajo y que, por culpa de campañas orquestadas contra la Comunitat no se han creado".
"Es hora de exigir responsabilidades a los diputados autonómicos que contribuyeron a estas campañas y a los diputados nacionales --entre los que ha citado a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que en sus campañas electorales se dedicaron a ir en contra de las decisiones urbanística de la Comunitat Valenciana".
Según Cotino, "las actitudes de estas personas han afectado a los sectores del turismo, la construcción, la cerámica y la llegada de inversiones extranjeras, que tan importante son para que se cree trabajo". Y mientras tanto "el Gobierno central ha estado mirando hacia otra parte", ha criticado.
Para el vicepresidente, "es momento de rectificar", así como de ir "todos en la misma dirección", con el objetivo de que la Comunitat Valenciana sea "lo que siempre ha sido, un comunidad dinámica, donde las cosas se han hecho bien, abierta al mundo entero".
Por su parte, María Ángeles Ureña ha señalado que las conclusiones de abogado general son "técnicas" y provienen de una persona "ajena a las partes, a la que se le presume la imparcialidad total". Respecto al informe, ha indicado que es "completo, exhaustivo y analiza en profundidad todas las cuestiones suscitadas a lo largo del debate".
La secretaria autonómica ha explicado que la Comisión Europea defendía que la adjudicación de los Programas de Actuación Integrada (PAI) estaba sujeta a las directivas europeas de contratación y, por tanto, "la LRAU, primero, y la LUV, después, no se ajustaban a las directivas de la contratación".
La Generalitat, desde 2005, "ha reiterado que no estábamos ante contratos de obra pública y no tenían que aplicarse las directivas de contratación" y que, además, "Europa se estaba metiendo en un terreno que no le correspondía, ya que tanto el urbanismo como la ordenación del territorio son competencias de los Estados miembro y en España son competencia de las comunidades autónomas".
"Esto lo que dice el abagado general prácticamente literal", ha señalado María Ángeles Ureña, quien ha recordado que Niilo Jääskinen propone que "se desestime el recurso y se condene en costas a la Comisión".
"GARANTE DE LA LEGISLACIÓN COMUNITARIA"
Por su parte, Rafael Ripoll ha asegurado que el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es "el garante de la legislación comunitaria" y ha subrayado que sus conclusiones "suponen un hito importantísimo en los últimos seis años".
El secretario autonómico ha comentado que el abogado ve "absoluta compatibilidad en la legislación valenciana urbanística conforme a la legislacion comunitaria de contratación pública". Sin embargo, ha manifestado que desde 2004 ha habito "una campaña de acoso y derribo instada desde distintos grupos políticos que no han tenido a mal utilizar las instancias europeas para hacer ver lo que, tal y como dice el abogado general, no da lugar".
A su juicio, esto "no solo ha dañado la imagen de la Comunitat Valenciana, sino también de España" y ha hecho hincapié en que "tal fue la falta de decoro de los instigadores de este campaña que España fue conocida como un eEstado en el que no habitaba el derecho".
Además, ha dicho que se llegó a "poner en juego" el "acceso de cientos de millones de los fondos estructurales y de los ya adquiridos para nuestras infraestructuras", ha resaltado.
