VALENCIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -
El sindicato CSI·F denunció hoy "la inoperancia" de los Comités de Seguridad y Salud Laboral del sector de Justicia en las tres provincias de la Comunitat Valenciana y destacó en un comunicado que la "falta de resolución de numerosos problemas planteados", como archivadores llenos, fallos de climatización o sillas rotas, les obliga a pedir la intervención de Inspección de Trabajo.
CSI·F afirmó que no existe "interés ni dinero para solventar los problemas expuestos" y añadió que, de hecho, "tan sólo el cinco por ciento de los planteados se soluciona", lo que "produce una sensación de impotencia y pérdida de tiempo". El sindicato indicó que la última reunión del Comité de Seguridad y Salud Laboral de Justicia de Valencia tuvo lugar en febrero y solicitará una convocatoria "urgente" de este organismo.
La central sindical explicó que esta "falta de resolución" de los problemas "se plasma, por ejemplo, en que la climatización de la Ciudad de la Justicia no funciona bien desde que se inauguró". CSI.F agregó que es un edificio "enorme con espacios con temperaturas altas y otros con bajas" donde "los chorros de aire se abaten sobre los funcionarios".
CSI·F destacó que un caso "no inhabitual" consiste en el de un empleado público que "trabaja sentado en una silla rota o que le provoca dolores de espalda, con poco espacio para moverse porque está rodeado de expedientes y con un chorro de aire que cae sobre su nuca".
Asimismo, añadió que la situación "se extiende a toda la provincia" porque en Ontinyent "dos de los cuatro juzgados carecen de archivadores y los trabajadores han de apilar los expedientes en el suelo, mientras que en otro disponen de un moderno archivador deslizante en el que no encaja bien la documentación".
En Sueca o Requena "abundan los archivadores repletos, sillas rotas y, sobre todo, problemas de espacio" mientras que en Alzira "existen expedientes de los años 30 pudriéndose en estanterías".
CSI·F lamentó que esta situación contrasta con "el Plan de Modernización que ha anunciado el Ministerio de Justicia, que pretende que costeen las autonomías y que, además, no ha consensuado con los sindicatos".
