ALICANTE, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Aspe (Alicante), formado por la coalición PSOE-EU, ha acordado que su paga extraordinaria de Navidad se destinará "a fines sociales y generación de empleo", para sumarse "de manera solidaria" al recorte de esta atribución a los funcionarios públicos decretada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, según ha informado en un comunicado el consistorio.
Este acuerdo del equipo de Gobierno para destinar el dinero ahorrado en esta partida a proyectos productivos y fines sociales, se suma a la reducción de los sueldos que se aprobó en pleno a principios de legislatura con los votos de PSOE y EU, según la misma fuente.
El gobierno de coalición de Aspe ha considerado que las medidas decretadas por el Gobierno de Mariano Rajoy "atentan contra un colectivo concreto, los funcionarios, pero supondrá más paro y más pobreza para el conjunto de la población".
En su opinión, esta medida "supone reducir la capacidad adquisitiva de un importante colectivo social, reducir las aportaciones vía IRPF y cotizaciones a la Seguridad Social puesto que su nómina se reduce", hecho que han afirmado que se traducirá "en un menor consumo que afectará directamente al comercio local y los productores de sectores navideños".
"REINVERTIR" EN PROYECTOS PRODUCTIVOS
La propuesta del actual equipo de Gobierno es "reinvertir" el dinero ahorrado en esta partida en proyectos productivos, "que sean capaces de impulsar la economía local, acelerar proyectos de interés social o apoyar servicios básicos que sufren los recortes del Gobierno de España como de la Generalitat Valenciana", han indicado.
Para los concejales de gobierno, las medidas como el incremento del IRPF decretado hace unos meses, más la subida del IVA "no van a servir para nada, sólo para seguir castigando a las clases medias y convertir a éstas en una clase con graves problemas para subsistir a partir de ahora".
Al respecto, han remarcado que "ni comparten ni entienden" que la austeridad "tenga que ver con los recortes", y han rechazado "la supresión de servicios básicos que garantizan la igualdad de oportunidades entre las distintas clases sociales".
