VALENCIA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -
La diputada de EU-Entesa en el Congreso, Isaura Navarro, ha presentado a la Cámara Baja una serie de preguntas para conocer las repercusiones del expediente sancionador abierto contra el Estado español por el incumplimiento de una Directiva europea 91/271/CE sobre aguas residuales, según informaron fuentes de esta formación política.
Asimismo, exigió al Gobierno central "presiones respecto a una definitiva solución por parte de las depuradoras inexistentes en las localidades castellonenses de Vinaròs, Benicarló, Peníscola y Alcossebre".
Así, Navarro quiere saber "cuáles son las aglomeraciones urbanas del Estado español, que están incluidas dentro del procedimiento de infracción 2004/2031 y ,de ellas, cuáles aún incumplen la Directiva 91/271/CE, transpuesta a la legislación del Estado Español, mediante el Real Decreto Ley 11/1995, (BOE núm.312, de 30 de diciembre de 1995)".
En el artículo 5 del citado Real Decreto Ley, se establece que las aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes equivalentes deben aplicar a sus aguas residuales tratamiento secundario o equivalente de depuración finalizando el plazo para su cumplimiento el 31 de diciembre del año 2000.
Sin embargo, apuntó que, "pasados más de cinco años del plazo límite", "se ha recibido información" de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, del procedimiento de infracción 2004/2031 que la Unión Europea inició, en julio de 2004, contra el Estado español por incumplimiento de la Directiva 91/271/CE".
En este procedimiento de infracción, explicaron, se incluyen las localidades turísticas del norte de la Comunidad Valenciana como Vinaròs, Benicarló y Peñíscola, y está en trámite que se incluya la localidad de Alcossebre -Alcalà de Xivert.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de la Cámara, el grupo parlamentario de EU-Entesa exige "conocer qué tipo y cuantía económica de sanciones cabe esperar que el Estado español reciba como consecuencia del procedimiento de infracción 2004/2031 de la Unión Europea y, en caso de recibir sanciones económicas, desea conocer si la cuantía de las sanciones se va a pagar con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, o se van transferir entre las Comunidades Autónomas, como la Comunidad Valenciana, que tienen competencias en materia de depuración de aguas residuales y que tienen algunas de sus aglomeraciones urbanas incluidas dentro del procedimiento de infracción 2004/2031 por no haber cumplido con la Directiva 91/271/CE".
