La Generalitat tendrá que diseñar un plan de gobierno en el primer medio año de mandato

Luz verde al anteproyecto de Ley de Gobierno Abierto con esta obligación y procesos de evaluación en consellerias y sector público

La Generalitat tendrá que diseñar un plan de gobierno en el primer medio año de mandato
9 de noviembre de 2018 GVAOBERTA

VALÈNCIA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat Valenciana deberá elaborar y aprobar un plan de gobierno durante los seis primeros meses de cada mandato para definir los objetivos y líneas de actuación más destacadas, tras lo que realizará una labor de seguimiento cada seis meses para evaluar el desarrollo de los proyectos de ley, programas y actuaciones.

Esta es una de las novedades que incluye el anteproyecto de la Ley de Gobierno Abierto que ha aprobado el pleno del Consell este viernes. El objetivo es garantizar los derechos de transparencia y buen gobierno en una única norma y establecer la obligación de rendición de cuentas en instituciones "desacreditadas por el PP durante 20 años", como ha subrayado la vicepresidenta y portavoz del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, en la rueda de prensa.

El conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, ha presentado esta ley "compleja y larga", con un total de 111 artículos, y "la más avanzada de todas las que hay en España" en materia de gobierno abierto, como punto de partida de "una nueva generación de normas de integridad institucional".

Tras dos años de trabajo, Alcaraz ha explicado que la norma parte de la idea de gobierno abierto que comenzó a utilizarse en la "administración Obama" y pretende sentar un nuevo modelo de administración pública integral. Para ello, establece mecanismos de contacto y colaboración con la ciudadanía, y promueve la corresponsabilidad de asociaciones en la definición de políticas públicas.

La Ley de Gobierno Abierto sustituye la anterior legislación de 2015 y será de aplicación tanto en la administración de la Generalitat como en el sector público instrumental y en el resto de administraciones valencianas, aunque en los ayuntamientos prima la normativa estatal. "Entramos en todo lo que podemos", ha asegurado el conseller, por lo que también establece obligaciones de transparencia para partidos, sindicatos y entidades que reciben subvenciones o gestionan servicios públicos.

En concreto, en la futura norma se integran los instrumentos de transparencia y derecho de acceso a la información pública y se regula tanto el Consell de Transparencia como los principios básicos de buen gobierno y la planificación y evaluación de políticas públicas. También ofrecerá un marco legal para la participación ciudadana y el asociacionismo.

El anteproyecto de ley hace énfasis en la rendición de cuentas ante la ciudadanía por parte de todos los representantes del Consell y las corporaciones locales, para lo que establece por primera vez la obligación del plan semestral al inicio de cada mandato y nuevos procedimientos de evaluación de las normas, planes y programas de la Generalitat, por lo que las consellerias y el sector público instrumental deberán implantar sistemas para medir su actividad.

La obligación se establece "dentro de una cierta flexibilidad" y recoge el espíritu de los Seminaris de Govern que ha celebrado el Consell desde 2015. En definitiva, se trata de "hacer posible lo que se promete", ha ilustrado el titular de Transparencia.

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DE DIRECTIVOS Y ALTOS CARGOS

En el ámbito del buen gobierno, el anteproyecto fija los principios de actuación que deben seguir los altos cargos y directivos. La meta es que "empresas y organismos de todo tipo vayan dotándose de compromisos éticos de códigos de conducta", ha resaltado Alcaraz.

A su vez, extiende la obligación de contar con códigos de gobierno a los gobiernos locales y el resto de entidades, y estipula la inclusión de principios éticos y de conducta en los pliegos de cláusulas contractuales y en las bases de las convocatorias de subvenciones o ayudas.

De esta forma, el conseller ha incidido en el paso "de un gobierno de la transparencia a una cultura de la transparencia que vaya impregnando la sociedad". En el caso de los ayuntamientos, ha subrayado que "es una barbaridad pedir lo mismo a uno de 300 habitantes que a Madrid", por lo que el Consell pretende que los consistorios de mayor tamaño "adquieran obligaciones con mayor rapidez".

COLABORACIÓN CON DIPUTACIONES

En materia de transparencia, la norma establece la colaboración entre la Generalitat y la diputaciones para prestar asistencia técnica que garantice su cumplimiento en la administración local. También se regulan y amplían las obligaciones de publicidad activa y se disponen las condiciones de reutilización de la información del Portal de Transparencia y su actualización constante.

Respecto al derecho de acceso a información pública, se delimitan de forma más clara los límites y se regula el acceso, las causas de inadmisión y las competencias. El anteproyecto incluye el proceso de solicitud y tramitación de acceso vía telemática, sin necesidad de certificado digital. Paralelamente, introduce un procedimiento de mediación, en caso de conflicto en las reclamaciones de acceso a la información.

REDUCCIÓN EN EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA

Esta labor la realizará el Consejo de Transparencia, un órgano que "refuerza la independencia" y será netamente jurídico, sin funciones de análisis y solo para garantizar el acceso de la ciudadanía. El nuevo texto reduce el número de personas que lo integran, de cinco a tres miembros con dedicación exclusiva y elegidos por el pleno de Les Corts a propuesta de los grupos. Alcaraz ha reconocido que este organismo ha tenido que "superar momentos difíciles" y ha asegurado que con la ley será la "autoridad de garantía" de transparencia.

En participación ciudadana, el anteproyecto recoge mecanismos de fomento de la cultura participativa, entre los que destaca el nuevo Portal de Participación como espacio de intercambio y recursos, y prevé la promoción de la iniciativa ciudadana en su elaboración y seguimiento y la evaluación de políticas públicas con procesos participativos. Bajo este prisma, regula el Consejo de Participación Ciudadana y contempla especialmente la participación en los Centros Valencianos en el Exterior (Cevex).

Dentro del fomento del asociacionismo, delimita la relación con administraciones con medidas de fomento para un movimiento "fuerte y estable como la mejor garantía para la cohesión social". También fija la creación de una escuela permanente de formación asociativa, asesoramiento al tejido asociativo, premios a esta labor y encuentros con entidades locales.

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