VALENCIA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno señala en una respuesta parlamentaria que la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, "conoce y ha estado en el barrio de El Cabanyal" de Valencia y "seguirá trabajando, como lo ha hecho hasta ahora, por el interés general de todos los valencianos" y, también, por los intereses de los vecinos del barrio de El Cabanyal, "conjunto histórico protegido declarado Bien de Interés Cultural en 1993 y que cuenta con numerosos edificios protegidos".
Así se pronuncia el Ejecutivo en respuesta a varias preguntas formuladas por el diputado popular Esteban González Pons, quien inquiere sobre si la vicepresidenta sabe dónde está el barrio de El Cabanyal y si dispone de "algún estudio o informe no publicado que confirme los daños medioambientales que para el ecosistema valenciano, en particular, y el español, en general, puede ocasionar la ampliación de una avenida como la de Blasco Ibáñez".
Según expone González Pons en su pregunta, Fernández de la Vega señaló en un chat de RTVE celebrado el pasado 20 de abril de 2009, en relación a las demoliciones en el barrio del Cabanyal de Valencia, que en el Gobierno "estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con los deslindes que afectan a la costa, para tratar de armonizar los intereses y los problemas que ha producido la erosión por el cambio climático en la costa y que esto sea compatible con los intereses de los ciudadanos que allí viven".
En la respuesta del Ejecutivo, consultada por Europa Press, el secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios afirma que el Gobierno, "lejos de frivolizar sobre este tipo de cuestiones, se toma muy en serio los efectos adversos del cambio climático", por lo que, "en consecuencia, todas sus aportaciones, en su ámbito de competencia y en los foros en los que participa, tienen por objeto armonizar el desarrollo humano con el sostenimiento medioambiental".
Por otro lado, el diputado de Convergència i Unió Carles Campuzano también pregunta al Gobierno sobre la posición del Ministerio de Cultura "ante un posible caso de expoliación de los legítimos propietarios afectados por el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) que esta llevando a cabo la empresa pública municipal Cabanyal 2011 del Ayuntamiento de Valencia", tras la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Ministerio a pronunciarse.
Campuzano destaca que, según la Constitución Española, la Administración del Estado protegerá los bienes que forman parte del patrimonio históricoartístico "frente a la exportación ilícita y la expoliación".
