VALENCIA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno central ha informado a la Generalitat Valenciana de que ha planteado ciertas "discrepancias" en relación con una partida incluida en los presupuestos de la administración autonómica para el ejercicio 2018. Se trata, en concreto, de 18 millones de euros correspondientes a mejoras salariales del personal de las universidades públicas de la Comunitat.
En la nota remitida por el Gobierno, consultada por Europa Press, se comunica al Ejecutivo valenciano que la Comisión de Seguimiento y Disposiciones de las Comunidades Autónomas examinó a iniciativa del Ministerio de Hacienda y Función Pública la ley de presupuestos de la Generalitat y ha planteado diversas discrepancias referidas a la disposición adicional vigésimo sexta de dicha norma.
Por ello, insta a la comunidad autónoma a comunicar "con la mayor celeridad" su disposición a participar en el procedimiento a efectos de realizar la oportuna convocatoria de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Generalitat, que es un paso previo para intentar resolver las diferencias de criterio antes de llegar a presentar un eventual recurso de inconstitucionalidad.
En concreto, el Estado señala que resulta "controvertida" la disposición relativa al régimen de carrera profesional horizontal del personal funcionario de carrera y laboral fijo de administración y servicios de las universidades públicas de la Comunitat Valenciana.
Apunta que dicha disposición que dispone, con efectos de 1 de enero de 2018, la implantación progresiva del complemento de carrera profesional del referido personal tendría amparo en la disposición adicional vigésima novena de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 si se tratara de recuperar recortes de retribuciones aplicados por encima de lo exigido en las normas básicas cumpliendo los requisitos de estabilidad presupuestaria.
Sin embargo, argumenta que, en este caso, si se trata de reconocer nuevos grados de la carrera profesional que no se están percibiendo, la materialización de dichos incrementos supondría una "extralimitación competencial, dado que al no haberse aprobado por el Estado el marco presupuestario básico para el ejercicio 2018, las retribuciones del sector público mantienen las cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2017, no siendo posible ningún incremento de la masa salarial no amparado en los PGE de 2017".
Por todo ello, cree conveniente la apertura del procedimiento de negociación previsto en la ley para tratar de solventar "cualquier duda de inconstitucionalidad que la norma autonómica pudiera generar en su aplicación".
Al hilo de esta notificación, la Generalitat Valenciana ha mostrado su "sorpresa", ya que "el Gobierno del Estado no hizo ninguna observación a esta medida que ya se tomó en 2017 por parte de la Conselleria de Educación, que destinó 8 millones de euros para la mejora de las condiciones laborales del personal universitario valenciano (PDI) después de años de congelación salarial".
En los presupuestos autonómicos de 2018 la partida autonómica para mejoras laborales asciende a 18 millones de euros por parte de la Conselleria de Educación para el PDI y el Personal de Administración y Servicios (PAS).
"COMPETENCIA AUTONÓMICA"
En este sentido, desde este departamento de la Generalitat se recuerda que "el área de Educación es competencia autonómica y que es la Conselleria la que tiene la competencia de decisión en este sentido respecto a las universidades públicas valencianas y no el gobierno estatal".
Sobre este asunto, el conseller del ramo, Vicent Marzà, ha colgado un mensaje en Twitter en el que critica que "el Gobierno de Madrid quiere impedir que mejoremos las condiciones laborales del personal de las universidades públicas valencianas".
Se da la circunstancia de que mañana martes, 10 de abril, se celebrará una reunión de la Mesa Negociadora del Convenio Colectivo con las universidades públicas valencianas, que será informada de este requerimiento del Gobierno.
Desde la administración autonómica subrayan que este organismo se creó en 2016, ya que la Valenciana "era la única comunidad autónoma que no contaba con un ente de estas características por el hecho que el anterior gobierno se había negado a crearla".
Forman parte de esta mesa que se ha ido reuniendo desde 2016 representantes de la administración autonómica, de las cinco universidades públicas valencianas y de los sindicatos CCOO, SEP-CV, STEPV-IV, UGT FESP y CSIF.
"Fruto del diálogo con la comunidad universitaria y la voluntad de realizar mejoras laborales en el personal de las universidades por parte de la Generalitat son 8 millones de euros en 2017, que ya se han llevado a cabo y ahora 18 millones de euros para 2018, que el Gobierno estatal califica de posible inconstitucionalidad", concluyen.
