González Pons afirma que sería "irresponsable" el político que "parase" la construcción porque "frenaría" la economía

Actualizado: miércoles, 27 septiembre 2006 22:20

VALENCIA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Territorio, Esteban González Pons, afirmó hoy que sería un "irresponsable" el político que "parase" la actividad del sector de la construcción en la Comunitat, que representa más del 30 por ciento del PIB, porque, con ello, se pondría un "freno" a la economía valenciana.

González Pons compareció en la comisión de Industria, Comercio y Turismo de las Corts Valencianes para informar sobre la "gran proliferación" de proyectos urbanísticos presentados en el territorio valenciano y sus implicaciones territoriales y ambientales.

El titular de Territorio propuso además a los grupos comparecer en una comisión parlamentaria "sin límite de tiempo" para presentar allí un informe sobre el "futuro territorial" de la Comunitat Valenciana, "poner sobre la mesa" la necesidad una planificación supramunicipal y y analizar "con sinceridad" y "sin prejuicios ni tópicos" las necesidades urbanísticas del territorio valenciano y sus "condicionantes económicos, sociales y demográficos".

González Pons indicó que la actividad del sector de la construcción representa más del 30 por ciento del PIB de las tres provincias, cuando este porcentaje en la media española no llega al 13 por ciento, y defendió que "no podemos parar las ruedas de la prosperidad", aunque sí se mostró partidario de "estudiar cómo se sigue construyendo".

El conseller indicó que "es verdad que se han construido muchas viviendas", pero también que en la Comunitat vive un millón más de personas que hace 4 años y que las previsiones hablan de un incremento de otro millón y medio antes del 2010. Además, señaló que el incremento de la población no cree que vaya a suponer un incremento "preocupante" del consumo de agua, ya que es la actividad agrícola la que acapara el 80 por ciento de ese consumo.

El responsable del departamento señaló además que "la iniciativa del desarrollo urbanístico, hoy por hoy, corresponde al Ayuntamiento", y la Generalitat sólo puede decidir la adecuación de esa iniciativa a la legislación vigente, pero se mostró a favor de avanzar hacia una planificación regional del urbanismo. "Debemos ser capaces de superar el sistema planeamiento municipal para ir a un sistema de planeamiento supramunicipal", indicó.

También criticó que se pretenda responsabilizar a su conselleria "con excesiva frecuencia" de "cualquier iniciativa municipal o empresarial" por parte de quienes rechazan que la Junta de Andalucía pueda tener alguna responsabilidad en la corrupción urbanística en Marbella, lo que consideró muestra de una "doble vara de medir".

González Pons remarcó que los programas de actuación integrada (PAI) son de "exclusiva competencia municipal", porque los "aprueban, promueven y tramitan" los ayuntamientos, que también se encargan de la adjudicación de los agentes urbanizadores. "Lo único que hace la Generalitat es un juicio posterior, que no es político, sino de adecuación a la normativa vigente". El conseller aseguró que "con la ley en la mano, la Generalitat no puede "frenar, fijar o limitar iniciativas" que parten del ámbito municipal", ni actuar de forma "arbitraria".

Por su parte, el diputado del PSPV Adolf Sanmartín aseguró que el "nuevo discurso" del titular de Territorio fue "bienvenido" en su momento, pero, una vez transcurridos cinco meses desde su nombramiento, "debería haberse verificado mediante iniciativas más allá de la pura retórica", y "tiene una serie de problemas verdes como su sandía" sobre los cuales "no ha dicho ni mú".

Sanmartín citó entre ellos el PAI de Nou Manises, "promovido por el propio Instituto Valenciano de la Vivienda", y el nuevo planeamiento urbanístico de la población valenciana de Albaida, donde "se urbaniza todo" el municipio, así como el ejemplo del alcalde de Torrevieja, José Manuel Medina,que permite urbanizar 374.000 metros cuadrados en suelo protegido y "todos lo sabían menos la conselleria, que no ha actuado para impedirlo".

El diputado socialista aseguró que la actuación de la conselleria ha sido "discrecional, cuando no arbitraria" y subrayó que la aprobación final de las "desmesuradas" reclasificaciones de suelo al margen de los planes urbanísticos "depende total y exclusivamente" de la Generalitat, que está obligada también a "restaurar la legalidad urbanística donde se incumple de manera sistemática".

El conseller le replicó al PSPV que el PAI más grande de la Comunitat Valenciana lo promueve el alcalde socialista de Estivella (Valencia), y plantea tres campos golf en pleno parque natural de la sierra Calderona y la modificación de su Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN). También consideró "impropio" de la condición de parlamentario "lanzar sospechas y decir que se espera a poderlo demostrar con el tiempo".

Por su parte, el parlamentario de EU-Entesa Carles Arnal acusó al Gobierno del PP de haber propiciado un "urbanismo desmesurado, desordenado y disperso" que se ha intensificado "muy especialmente" en los últimos tres años. Arnal, que aceptó la sugerencia del conseller de realizar un debate sobre el urbanismo, pero pidió que remita con antelación su informe por escrito a la Cámara, rechazó que el Consell no sea responsable de la "proliferación" de PAI, y remarcó que no sólo es el responsable de hacer cumplir las leyes, sino también de elaborarlas. También criticó que el conseller "aplauda" el peso de la construcción en la economía, cuando es un dato "muy preocupante".

VAERSA

Por otro lado, en otra comparecencia en la misma comisión, el titular de Territorio se mostró partidario de llevar a cabo "a medio plazo" y con el "consenso" de los sindicatos la división de la empresa pública Vaersa en dos sociedades para separar, por un lado, las competencias de gestión y tratamiento de residuos y, por otro, las de prevención de incendios y reforestación.