ALICANTE, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a un hombre, vecino de la localidad alicantina de El Campello, a tres años y seis meses de prisión y a indemnizar con 2,2 millones de euros a dos inversores a los que estafó esa misma cantidad al ofrecerse para conseguir las licencias necesarias para establecer una explotación pesquera en aguas de Libia, a cambio de que éstos habilitaran los fondos económicos necesarios.
En una sentencia fechada el pasado 21 de septiembre, la sección segunda de la Audiencia considera probado que el acusado no gestionó los permisos y repartió la inversión entre cinco de sus familiares, que también han sido procesados.
Al respecto, el tribunal ha condenado al padre, madre, esposa y a dos hermanos del principal acusado a indemnizar solidariamente a las víctimas del engaño con cifras que en total suman otros 2,4 millones de euros, ya que tras el acuerdo incumplido con los perjudicados, la familia se repartió el dinero transferido.
La sentencia recoge como hechos probados que, en mayo de 2001, el principal acusado, "aparentando solvencia y solidez empresarial", contactó con dos inversores privados a quienes ofreció participar en una concesión de explotación de pesca en Libia por un periodo de diez años, ofreciéndose a conseguir las licencias pesqueras requeridas a cambio de que los afectados habilitaran los fondos necesarios.
Un mes después, el procesado y los perjudicados suscribieron un acuerdo de intenciones en el que repartían el negocio de explotación pesquera al 50 por ciento entre ambas partes. Asimismo, según se establecía en dicho convenio, los dos inversores ingresaron a mediados de julio más de 2,2 millones de euros en una cuenta a nombre del hermano del principal acusado.
A finales de julio, días después de que las víctimas realizaran la transferencia, el titular de la cuenta la canceló con un saldo de cero euros tras realizar a lo largo del mismo mes varios movimientos para repartir el dinero entre distintos miembros de su familia, según se especifica en el fallo.
Además, tres jornadas después de que los inversores llevaran a cabo los ingresos, el acusado "se apeó" del proyecto sin justificar el destino del dinero invertido. El padre del principal acusado presuntamente se ofreció a continuar con el negocio, pero las víctimas se negaron al desconocer dónde habían ido a parar sus inversiones.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
A la vista de los hechos, el tribunal considera al ahora condenado culpable de un delito de estafa y no de un incumplimiento contractual ya que, según jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS), con conocimiento de que no podía cumplir el contrato, el procesado "construyó ficticiamente las condiciones para, aparentando una solvencia de la que carecía, inducir al sujeto pasivo --los inversores-- a realizar un determinado desplazamiento patrimonial".
Al respecto, la Audiencia entiende que el acusado "no destinó el importe de la inversión de 2,2 millones a la adquisición de las licencias, optando, por el contrario, por repartir el dinero entre sus familiares y desaparecer del proyecto".
Igualmente, una de las víctimas manifestó durante el proceso que las licencias pesqueras "eran lo fundamental y sobre ellas giraba el proyecto" y que, tras realizar las transferencias económicas, solicitó "reiteradamente" al acusado que le mostrara los citados permisos, pero éste "dejó de contestar sus llamadas telefónicas y correos".
Por ello, el tribunal estima que "no puede inferirse cosa distinta al engaño en quien apremia a otro a efectuar un ingreso dinerario para un proyecto industrial o comercial y firma tres días después de la entrega del dinero un documento con sus padres acordando el reparto del dinero de la inversión y su desvinculación unilateral del proyecto".
