Las autonomías del PP afirman que estudiarán la información del Gobierno antes de mostrar su disposición
MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno y las comunidades autónomas negociarán en los próximos días la ampliación de las plazas de acogida de inmigrantes trasladados desde Canarias, según informaron hoy los secretarios de Estado de Seguridad e Inmigración, Antonio Camacho y Consuelo Rumí respectivamente, al término de la reunión de la Comisión Mixta de Traslados, celebrada en el Ministerio del Interior.
Camacho y Rumí aseguraron que existe unanimidad por parte de las comunidades autónomas "para continuar en la línea de corresponsabilidad y solidaridad con el archipiélago canario a través del sistema de traslados", con la excepción de Navarra.
En nombre de las comunidades gobernadas por el PP, la consejera de Bienestar Social de Madrid, Lucía Figar, y su homóloga valenciana, Alicia de Miguel, no quisieron adelantar el número de plazas que se crearán en sus administraciones, y aseguraron que esperarán a conocer los datos que les traslade el Ejecutivo y los recursos y plazas con los que cuentan las ONG en sus territorios antes de concretar su disponibilidad.
Por su parte, el viceconsejero de Asuntos Sociales de Canarias, Froilán Rodríguez, aseguró haberse llevado "una buena impresión" del encuentro y explicó que la mayoría de las comunidades han mostrado su disposición a ampliar las plazas, especialmente las gobernadas por el PSOE, aunque --aseguró-- también hay comunidades dispuestas entre las gestionadas por el PP.
REUNIONES BILATERALES
En los próximos días, Gobierno y CC.AA. tratarán de cerrar el incremento de plazas a través de reuniones bilaterales. Según datos oficiales, hasta el pasado 8 de septiembre y en lo que va de año, las comunidades han acogido a un total de 2.427 inmigrantes, frente a los 10.449 de los que se han hecho cargo las organizaciones no gubernamentales.
Tras la reunión, Camacho y Rumí se defendieron de las críticas realizadas por el PP y recordaron que los traslados de inmigrantes a la Península procedentes de Canarias se iniciaron en julio de 2002, "con la diferencia de que el actual Gobierno cuenta con el consenso de todas las administraciones, con la existencia de un protocolo y lo ha dotado de financiación" (que aumentó de 7 a 180 millones de euros), apuntó el responsable de Seguridad.
Además, significaron que el 80 por ciento de las personas trasladadas son atendidas por las ONG y solo un 20 por ciento son financiadas por las comunidades autónomas. Así, se refirieron a la comunidad autónoma de Madrid que, según sus datos, ha acogido menos de un 2 por ciento de los trasladados y este año va a recibir 40 millones de euros procedentes del fondo de acogida del Gobierno (más de 175.000 euros por cada acogido).
Por su parte, Rumí aseguró que el Gobierno ha ofrecido a las autonomías todos los datos de trasladados, las ONG que están colaborando y el número de extranjeros acogidos por cada administración "para que no haya más confusiones". Según Rumí, "las comunidades del PP pretenden dar una información sobre la acogida sumando las plazas de acogida financiadas por la Administración General del Estado y que desarrollan las ONG, junto con las plazas de acogida de los gobiernos autonómicos".
"Lo importante es que ha habido mayoritariamente un compromiso de los gobiernos autonómicos de reforzar las plazas, aunque el número no se ha determinado", añadió, recordando que los traslados a la península se acordaron en 2002 en sede parlamentaria.
Rumí concluyó señalando la necesidad de que administraciones y formaciones políticas trabajen "para que la inmigración no sea objeto de confrontación partidista ni de ningún rédito". "La inmigración clandestina es un problema grave que entre todos tenemos que arbitrar, porque todos somos Estado y los esfuerzos deben encaminarse en la búsqueda del consenso y la colaboración", enfatizó.
