MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, realizará este año un seguimiento de los traslados a la Península de ciudadanos subsaharianos desde Canarias, y Ceuta y Melilla, a fin de comprobar la eficacia del Protocolo de actuación entre Estado y Comunidades Autónomas, así como la asistencia que reciben los extranjeros afectados.
Así lo pone de manifiesto en la Memoria de 2005 de la Institución, en la que relata que tomó la decisión de realizar este seguimiento durante el año 2006 para realizar posteriormente las actuaciones que estime oportunas ante las distintas comunidades autónomas y corporaciones locales afectadas, en orden a posibilitar que la asistencia a estas personas se preste atendiendo a un esencial principio de solidaridad, pero también a criterios de racionalidad y eficacia.
El texto, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que la Institución inició una investigación el pasado año tras la aparición de diversas noticias en las cuales se afirmaba que diariamente partían del aeropuerto de Las Palmas de Gran Canaria dos aviones con destino a cuatro puntos del territorio nacional (Madrid, Málaga, Murcia y Valencia) en los que se trasladaba a la Península a emigrantes subsaharianos, en un número máximo de 48 personas en cada vuelo.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
En su respuesta, la Administración señaló que estos traslados se realizan desde 2002 debido a la especial presión migratoria que sufre Canarias (luego extendidos a Ceuta y Melilla) y que para establecer una cooperación interadministrativa el Consejo de Ministros aprobó en enero de 2005 un protocolo de actuación para la atención humanitaria y acogida de los inmigrantes trasladados desde Canarias. Junto con ello, señala que desarrolló un programa de acogida con plazas en distintas comunidades autónomas.
Sin embargo, la Comunidad de Madrid asegura que la Comisión Mixta surgida del mencionado protocolo no ha sido eficaz como instrumento de coordinación interadministrativo. Por ello, el Defensor del Pueblo se ha propuesto investigar durante el presente año la eficacia de este protocolo a fin de emitir las necesarias recomendaciones.
"La circunstancia esencial que determina los problemas de especial desprotección que aquejan a este colectivo es su imposible acceso al mercado laboral y a la normalización de su residencia --añade el Defensor--. Entretanto, sólo cabe que las distintas administraciones sean sensibles al problema humanitario y realicen las pertinentes actuaciones de coordinación para paliar, en la medida de los posible, la grave situación de necesidad que atraviesan estas personas".
