VALENCIA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, Miguel Peralta, manifestó hoy en el pleno de las Corts Valencianes que, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sólo es posible aplicar la disolución de ayuntamientos cuando "diariamente se atenta contra el interés general o se inculcan las obligaciones constitucionales" y apuntó que ello no ocurre en los consistorios de Orihuela y Torrevieja.
Peralta se pronunció de esta manera en la sesión de control al Consell en respuesta a una pregunta formulada por el portavoz adjunto de EU-Entesa, Joan Antoni Oltra, para conocer qué medidas piensa aplicar la conselleria para "garantizar los intereses ciudadanos en la gobernabilidad de ayuntamientos" como el de Orihuela (Alicante).
El titular de Justicia manifestó que lo que tienen que hacer los gobiernos es "respetar la legalidad y aplicarla en aquellos casos en los que se estime que se tiene que aplicar" y apuntó que en el Ayuntamiento de Orihuela "nosotros aplicamos la legalidad y entendemos que en estos momentos los intereses generales de los ciudadanos están perfectamente garantizados".
Oltra manifestó que la "actitud de disculpa" y de "apoyo del PP" hace que personas como el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, o el alcalde de Torrevieja (Alicante), Pedro Hernández Mateo, "continúen al frente de sus responsabilidades", y, en este punto, instó a los populares a "luchar más contra la corrupción, dar ejemplo y no tapar".
Al respecto, se preguntó "qué más ha de pasar en ayuntamientos como el de Orihuela para que el PP y la Generalitat actúen" y si es "prudente" dejar que personas como el alcade de Orihuela y los cinco concejales imputados, según señaló, por la Fiscalía Anticorrupción por 30 delitos relacionados con su gestión "sigan haciendo contrataciones multimillonarias como la contrata de la basura; o la aprobación, todavía pendiente, de los presupuestos para 2006".
Además, afirmó que el alcalde de Torrevieja había hecho "adjudicaciones a los promotores a los que en su día compró por 180.000 euros una parcela y dos o tres años vendió por cinco millones de euros" e inquirió "hasta cuándo y cuánto tienen que aguantar los ciudadanos" de Orihuela y Torrevieja ante la "pasividad" del Consell.
Peralta acusó a Oltra de pretender "conseguir a través de subterfugios la legitimidad que no le dan los ciudadadanos en esas dos ciudades" y, para ello, señaló que utiliza "argumentos que no se corresponden con la realidad y no tienen ningún sentido".
Al respecto, el titular de Justicia manifestó que sólo cuando llegó el PP al Ayuntamiento de Orihuela comenzaron a aprobarse los presupuestos "en tiempo y forma" y agregó que si se tuvieran que disolver todos los consistorios que no aprueban sus cuentas "seguramente muchísimos de muchas formaciones políticas" deverían hacerlo. Sobre la contratación de servicios, precisó que existen "controles, filtros y unas garantías en la Administración local".
Apuntó que el Tribunal Constitucional señala en dos sentencias que sólo es posible aplicar la disolución cuando "diariamente se atenta contra el interés general o se inculcan las obligaciones constitucionales" y apuntó que ni en Orihuela ni en Torrevieja "se produce ese supuesto".
Manifestó que la disolución de ayuntamientos o instituciones debe ser realizada con un "carácter absolutamente restrictivo, como exige la ley y la jurisprudencia", al tiempo que preguntó si es "prudente, sano desde el punto de vista democrático y conveniente para la sociedad valenciana que la demagogia continua, equivocada y con el ánimo de engañar que practica continuamente EU-Entesa tenga sitio en la política valenciana".
PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR
Por otro lado, la diputada socialista Josefa Andrés preguntó a Peralta que explicara los criterios que han determinado la elección de las localidades valencianas de Torrent y Paterna como sedes para la puesta en marcha de las oficinas de víctimas del delito y puntos de encuentro familiar, ya que, según señaló, en estos dos casos no se ha contado con la participación de los ayuntamientos.
Acusó al PP de pretender "meter la cuchara" en los municipios que forman parte del llamado 'cinturón rojo' del área metropolitana de Valencia a través de la Fundación para la Atención a las Víctimas del Delito (Favide), cuyo gerente es, dijo, el secretaerio general del PP en Valencia y alcalde de Vilamarxant, Vicente Betoret.
Por su parte, Peralta indicó que en el caso de Paterna "lo único que hicimos fue firmar un convenio" para la creación de ese punto de encuentro, en un acto al que estuvo invitada la concejala de Bienestar Social pero "no acudió", mientras que en Torrent "hubo presencia muncipal en la firma del convenio y en la puesta en funcionamiento del punto de encuentro".
Asimismo, defendió que Favide "está gestionada por una persona de confianza del Gobierno valenciano, independientemente de los cargos orgánicos que se ostentan", e indicó que los puntos de encuentro y las oficinas de víctimas del delito "no son oficinas del PP" porque este partido, dijo, "tiene implantación en toda la Comunitat suficiente para volverles a ganar las elecciones", concluyó.
EXCUSAS CONSELLERS
Por otro lado, el portavoz adjunto del PSPV Antoni Such pidió a la vicepresidenta de la Cámara, Maira Barrieras, que emplace al Consell a cumplir con su "obligación de acudir" al Parlamento o, al menos, que los consellers aporten una excusa "real" para no asistir. Al respecto, protestó por que en la Junta de Síndics celebrada ayer se conoció la excusa de tres consellers para no intervenir en la sesión de control pero no la del titular de Empresa, Justo Nieto, que aduce un "viaje institucional" que, según Such, no aparece en la agenda de la Generalitat.
En el mismo sentido se pronunció el portavoz de EU-Entesa, Joan Ribó, quien destacó la ausencia de cinco consellers --tres de ellos ya conocida desde ayer, precisó-- y apuntó que no es "un buen indicador para el funcionamiento de estas Corts" e imposibilita a la oposición realizar una de sus tareas "fundamentales".
Por su parte, el portavoz adjunto del PP Rafael Maluenda señaló que es una práctica habitual por parte de los grupos que se presenten escritos demandando el aplazamiento de iniciativas y preguntas y, al respecto, instó a "respetar la agenda del gobierno igual que se respeta la agenda de los grupos parlamentarios".
También indicó que ayer en la Junta de Síndics ofreció al resto de grupos "recomponer" el orden del día del pleno de hoy por la tarde pero ni PSPV ni EU-Entesa se prestaron a ello.
