VALENCIA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -
El concejal del grupo municipal socialista Pedro M. Sánchez ha criticado que la "mala gestión" de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se ha traducido en que los valencianos pagarán 80 millones de euros por la subida del IBI entre 2012 y 2015.
Así se ha pronunciado Sánchez en rueda de prensa sobre los asuntos tratados en la Comisión de Hacienda, en la que ha advertido de que las medidas del Plan de Ajuste "han supuesto 13 millones más de presión fiscal para el bolsillo de los ciudadanos".
Además, ha destacado que existen datos que están "mejorando" como que "se paga antes a los proveedores" y que sacan "menos facturas de los cajones que años anteriores". Sin embargo, ha recordado que el Plan de Ajuste de Valencia "es fruto del despilfarro y la mala gestión de la alcaldesa" y ha indicado que es "responsabilidad de Barberá" que a finales de 2012 la deuda del Ayuntamiento con proveedores ascendiera a 183 millones de euros lo que, a su juicio, "estamos pagando todos con una subida de impuestos.
Asimismo, se ha referido a otras medidas que contemplaba el Plan de Ajuste que son el refuerzo de la eficacia en recaudación y potenciar la inspección tributaria para localizar hechos imponibles no gravados, lo que ha supuesto 16,93 millones de euros y 6,49 de ingresos, respectivamente. Al respecto, ha lamentado que estas medidas "no se hubieran aplicado antes".
INFORME DE MOROSIDAD
Por otra parte, Sánchez ha señalado que según el informe de morosidad del segundo trimestre del 2014, a día 30 de junio de 2014 había 596 facturas por importe de 15,40 millones de euros que había superado los 30 días que es el periodo legal de pago.
Así, ha apuntado que se trata de una cifra inferior al trimestre pasado, que era 44,32 millones de euros. No obstante, ha puntualizado que esta cifra de deuda comercial, si se suma a los 842,50 millones de deuda con los bancos, supone una cantidad de 857,90 millones de euros lo que, según ha expuesto, "demuestra que a pesar de la bajada de la deuda, ésta sigue siendo un lastre para encarar el futuro e impide que el ayuntamiento dedique más dinero a inversiones y ayudas sociales para mejorar la situación de los valencianos".
A su vez, el edil se ha pronunciado sobre la quinta modificación del presupuesto de 4,6 millones de euros que "básicamente consiste en aplicar el remanente de tesorería de 2013 a cubrir gastos por resoluciones del Jurado Provincial de expropiaciones que son el agujero negro de la gestión urbanística del PP". Además, se dedican 247.243,79 euros para reparar viviendas sociales.
"Las expropiaciones siguen siendo un problema, que ha producido la mala gestión de la obtención de suelo público del PP. Se podía haber hecho de otra forma como ha propuesto desde hace años el Grupo Socialista", ha sostenido.
Por otra parte, respecto a la quinta relación de expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito de 2014, Sánchez ha manifestado que la relación de facturas supone 246.326,06 euros y ha explicado que en 2014 ya ha habido cinco relaciones, la primera de 9,11 millones de euros la mayor parte para expropiaciones, la segunda 8,26 millones euros, la tercera 10,63 millones euros y la cuarta de 695.661,61 euros lo que hace un total de 28,94 millones de euros.
En relación a la sentencia 298/10 del TSJCV que ha confirmado que se anula el acuerdo del pleno del ayuntamiento de 30/5/2008 por la que se destinaba 7,8 millones de euros procedentes del Patrimonio Municipal del Suelo al proyecto de rehabilitación de la Tabacalera, una cantidad que los socialistas "ya propusimos que se dedicara a la promoción de vivienda pública, algo que era conforme a la legislación urbanística y la jurisprudencia del Tribunal Supremo".
Asimismo, ha explicado que los socialistas han preguntado si para ejecutar la sentencia se va a hacer una modificación presupuestaria en 2014 o se incluirá en el próximo presupuesto de 2015 la cantidad de 7,8 millones de euros para la promoción de vivienda pública. La respuesta del PP, ha aseverado, es que "no tiene ninguna repercusión presupuestaria, lo que nos lleva a pedir que se ejecute la sentencia dada la insumisión habitual de la alcaldesa ante las resoluciones judiciales que no le interesan".
