VALENCIA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -
La recusación al titular del juzgado de lo penal número dos de Valencia por parte de las defensas de todos los acusados de un delito de calumnias durante la emisión de 'El juicio de Alcàsser' ha provocado un nuevo aplazamiento, sin fecha señalada para reanudarse, de la vista que debía celebrarse hoy por estos hechos en la Ciudad de la Justicia de Valencia, justo 9 años después de que se dictara la sentencia que condenó a Miguel Ricart a 170 años de cárcel por el asesinato, rapto y violación de las tres jóvenes de Alcàsser.
La vista contra Fernando García, padre de una de las adolescentes asesinadas, el criminólogo Juan Ignacio Blanco y dos periodistas de la televisión pública valenciana por las declaraciones que los dos primeros realizaron contra el ex fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana Enrique Beltrán, la Guardia Civil y los magistrados que juzgaron y condenaron a Ricart, estaba señalada para hoy después de varios aplazamientos aunque finalmente quedó suspendida de nuevo porque las defensas de los cuatro han recusado al magistrado que debía juzgarlos, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
El motivo de la recusación ha sido en esta ocasión, según explicaron, que las defensas entendían que el juez de lo penal estaba "contaminado" porque el pasado mes de enero Samantha Ricart, hermana del condenado por el triple crimen, aceptó en el juzgado pagar una multa de 360 euros por un delito continuado de calumnias con publicidad, del que únicamente le acusaba la Guardia Civil, cometido durante su intervención en el programa 'El juicio de Alcàsser' que la televisión pública valenciana emitía a diario mientras se juzgó a Ricart.
La acusada mostró su conformidad a pagar seis meses de multa con una cuota diaria de dos euros. Contra esta decisión se presentó un recurso por parte de las defensas del resto de los acusados ante la Audiencia Provincial, que está pendiente de resolución, y también recusaron al magistrado al entender que con la sentencia sobre Samantha Ricart, estaba "contaminado". Esta recusación está igualmente pendiente de resolverse.
De esta forma, la vista se ha tenido que aplazar en diversas ocasiones por cuestiones relacionadas con las partes implicadas en el proceso, que han provocado que incluso el procedimiento haya estado un año paralizado, según indicaron las mismas fuentes.
El proceso se inició a raíz de las querellas presentadas por el ex fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana Enrique Beltrán; el tribunal que juzgó a Miguel Ricart; los forenses que practicaron las autopsias de las tres adolescentes y los guardias civiles que realizaron la investigación, por las declaraciones de García y Blanco en el programa 'El juicio de Alcàsser', que consideraban que eran injuriosas y calumniosas.
La decisión de querellarse se adoptó una vez conocida la sentencia condenatoria contra Ricart, que se hizo pública el 5 de septiembre de 1997, hace exactamente nueve años. El fiscal acusa a García, Blanco y los periodistas Ferrán Pérez y Amalia Garrigós --los dos primeros como autores directos y los otros dos como cooperadores necesarios-- por ocho delitos continuados de calumnias cometidas contra Beltrán, el tribunal y los cuatro médicos forenses.
En total pide para Blanco y García 113.400 euros de multa por las injurias y 16 años de cárcel para cada uno de ellos por las calumnias. Para cada uno de los dos periodistas acusados reclama cuatro años de cárcel y 64.800 euros por las calumnias y las injurias respectivamente.
La sección segunda de la Audiencia Provincial acogió desde el 12 de mayo y hasta el 30 de julio de ese mismo año la vista oral contra Miguel Ricart por el secuestro, asesinato y violación de Míriam, Toñi y Desirée. Como consecuencia del juicio, según la calificación fiscal, Canal 9 realizaba todas las tardes este programa al que acudían invitados, entre los que se encontraban los dos acusados considerados autores directos de las calumnias.
Según el fiscal, en el programa tanto Blanco como García profirieron expresiones "del todo maliciosas" respecto a las actuaciones del fiscal y forenses, la Guardia Civil e incluso los miembros del tribunal, sin que presentadora y director evitaran las manifestaciones. Algunas de ellas fueron, por ejemplo, sobre la existencia de una "confabulación para esconder las cosas" con la colaboración del fiscal o la desaparición de pruebas.
