VALENCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
La eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero ha presentado una batería de preguntas parlamentarias a la Comisión Europea sobre el recurso presentado el pasado 22 de septiembre por el gobierno español ante el Tribunal de Justicia de la UE contra la investigación abierta a la Generalitat Valenciana por posible manipulación de las cifras de déficit y deuda pública.
La eurodiputada valenciana ha pedido a la Comisión que explique detalladamente cuáles han sido los indicios que han motivado la apertura de la investigación, considerados "no suficientemente serios" por el Gobierno español en su escrito de alegación. También, que aclare sobre qué ejercicios se extienden las sospechas y cuáles de ellos están siendo objeto de una investigación, según ha informado el PSPV en un comunicado.
Por último, Rodríguez-Piñero ha preguntado a la Comisión si considera que tiene competencias para investigar y, en su caso, sancionar por tergiversación los datos estadísticos correspondientes a ejercicios anteriores a 2011, sobre los cuales el gobierno español entiende que la Comisión carece de poderes de supervisión.
Para Rodríguez-Piñero, "la Comisión Europea no abre una investigación de esta envergadura si, como explicó desde el primer momento, los indicios de manipulación no son suficientemente serios". "Las alegaciones del Gobierno español ante el Tribunal parecen más un intento de retrasar el resultado de la investigación teniendo en cuenta el calendario electoral, que de una argumentación fundamentada", ha manifestado.
Según la eurodiputada valenciana, que ya preguntó a la Comisión sobre este mismo asunto en el mes de julio, "el Gobierno debería colaborar al máximo con la Comisión Europea para investigar la posible tergiversación que se pudo cometer en las cuentas de la Comunitat Valenciana y no intentar limitar la investigación al ejercicio 2011".
A su juicio, "hay que esclarecer todas las irregularidades, aunque se remonten antes de 2011, e identificar a los responsables", y ha destacado que "es incompatible defender la transparencia y a la vez dificultar la investigación de los hechos", ha concluido Rodríguez-Piñero.
