VALENCIA, 5 May. (EUROPA PRESS) -
La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Paula Sánchez de León, ha destacado este sábado que para el Gobierno central "el agua no es un elemento de confrontación", como lo demuestra la aprobación de un Real Decreto con el que el Ejecutivo asume la potestad sancionadora en las cuencas que afectan a varias comunidades autónomas, en base al principio constitucional de unidad de cuenca.
En un comunicado, ha indicado que esta medida "ha dado respuesta a una reivindicación de la comunidad" y se une al compromiso de elaborar un nuevo Plan Hidrológico Nacional "basado en la solidaridad y en que el agua es un bien común que irá de donde sobre a donde falte".
La delegada del Gobierno ha hecho especial hincapié en que estas dos iniciativas ponen de manifiesto que para el Presidente Mariano Rajoy "el agua no es un elemento de confrontación entre territorios, sino de unión, y como tal asume su responsabilidad con sentido de Estado, lejos de la instrumentalización política que practicó el anterior Ejecutivo".
También en materia hídrica, con el Real Decreto Ley aprobado este viernes se impulsa la racionalización y el control del aprovechamiento de los recursos en beneficio de los agricultores y de los regantes, ha explicado Sánchez de León.
Además de reforzar la potestad sancionadora del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en materia de aguas, se introduce "un régimen que permite reaccionar con rapidez ante los problemas que se detecten en los acuíferos subterráneos, así como una mayor flexibilidad para gestionar sus disponibilidades de agua en las masas que cuenten con un plan de actuación", ha explicado.
ELIMINACIÓN DE TRABAS ADMINISTRATIVAS
Paula Sánchez de León se ha referido también a otras medidas incluidas en el Real Decreto Ley, cuyo objetivo es la simplificación y agilización administrativa de la gestión medioambiental. Al respecto, ha resaltado la importancia que supone para administraciones y ciudadanos "la eliminación de trabas burocráticas mediante una legislación clara y sencilla que compatibilice la protección del medio ambiente con un desarrollo sostenible".
En este sentido, la nueva normativa modifica la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, clarificando la aplicación de los sistemas de depósito, devolución y retorno. Asimismo, se introducen modificaciones para disminuir las cargas administrativas en los traslados de residuos entre varias comunidades, estableciendo un sistema de notificaciones único y más sencillo.
