VALENCIA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -
La sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha aceptado el recurso contencioso-administrativo presentado por la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana para pedir la suspensión de la tramitación del Plan de Actuación Integral (PAI) proyectado en el municipio de Villalonga (Valencia) y que prevé la construcción de dos campos de golf y cerca de 4.000 viviendas.
Así, el subdelegado del Gobierno en la Comunitat, Luis Felipe Martínez, destacó hoy en declaraciones a Europa Press que el Ejecutivo central había recurrido el citado PAI, ya que el convenio firmado entre el Ayuntamiento de Villalonga y la empresa Urbacón Levante para la materialización del PAI "era ilegal", además de solicitar la suspensión cautelar del acto administrativo.
Al respecto, señaló en que "en su día, ya presentamos un requerimiento de legalidad al Ayuntamiento de Villalonga. Posteriormente, como no nos hicieron caso, presentamos una demanda contenciosa, en la que pedimos la suspensión cautelar", explicó.
El subdelegado incidió que el PAI "es ilegal y no se puede acometer hasta que se pronuncie el juzgado" y añadió que "a diferencia de otras administraciones que no hacen nada ante los ataques urbanísticos, nosotros no consentimos esa permisión".
"Espero que el alcalde de Villalonga, Juan Ros, rectifique las acusaciones que vertió contra mi al afirmar que yo actuaba como miembro del PSOE y no como subdelegado --subrayó Martínez-- porque la sala de lo contencioso nos ha dado la razón y o bien pide la dimisión del presidente de la sala o es coherente y dimite él", remarcó.
Por otra parte, el subdelegado aludió también a la Junta de Seguridad celebrada hoy en Gandia (Valencia) y en la que se firmó un Plan de Seguridad para garantizar "la tranquilidad" en las próximas fiestas de la localidad a finales de mes, aceptado conjuntamente entre la Policía Local y Nacional, la Guardia Civil y la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana.
De la misma manera, según apuntó Luis Felipe Martínez, el municipio aprobó también la adhesión al Protocolo de Violencia de Género, en el que se "garantiza la integridad de la víctima y protocoliza la acción judicial para que se sigan los caminos adecuados en el control y la condena de los posibles maltratadores", concluyó.
